Argentina se encuentra entre los diez países con más casos a nivel mundial. En Corrientes, dos especialistas aseguraron que se debe dimensionar la gravedad del flagelo para avanzar en el trabajo sobre las evidencias digitales.
Con 20 mil denuncias anuales, Argentina se posiciona entre los diez países con más casos de pornografía infantil en el mundo. En Corrientes, como en la región, ese delito informático forma parte del legajo de nuevos desafíos con los que la Justicia avanza hacia un cambio procesal con eje en el modo de recolectar pruebas que resultan volátiles para el sistema, según coincidieron en señalar dos especialistas que llegaron a la provincia para capacitar a los funcionarios que desarrollan esas investigaciones.
“Se trata de un delito que se elimina de manera diferente y es más volátil. Es por eso que los operadores y el personal policial debe estar especializado y para eso se necesita de una legislación que prevea estas medidas”, dijo a ellitoral.com.ar Mariana Kiefer, integrante de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos Aires y quien junto a Tomás Vaccarezza, brindó capacitaciones sobre la temática este lunes y martes en Corrientes.
Los casos son reportados desde Estados Unidos a través de la ONG National Center for Missing and Exploited Children.
A partir de esa información, se procede a la intervención sobre los lugares en los que se traficó material prohibido, con allanamientos que, según comentaron, alcanzan a un universo “transversal en la sociedad y no tiene que ver con una edad determinada, un nivel socioeconómico ni con la educación”.
Vaccarezza que forma parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que en Argentina hay más casos de distribución de pornografía infantil que de producción. Asimismo aclaró que se registraron hechos aislados de realización de contenidos que por lo general estaban acompañados del abuso sexual.
Para el especialista, el acceso a internet fue una clave que potenció este flagelo y lo asimiló con la puerta de entradas de un “jardín de infantes” permitiendo que los pedófilos puedan llegar más fácilmente a sus víctimas en cualquier parte del mundo.
Respecto a las demandas con las que se encontraron en el intercambio con funcionarios judiciales de Corrientes, ambos explicaron que los más habituales tuvieron que ver con la falta de infraestructura informática fundamental como por ejemplo el acceso a internet. “De todos modos la infraestructura nunca va a alcanzar”, precisó Vaccarezza ya que por la cantidad de información que se maneja, se necesita de una importante capacidad de almacenamiento, dispositivos y herramientas.
Grooming
El grooming es otro de los flagelos que en los últimos tiempos registraron un aumento en el país. Kiefer informó que el delito posee varias etapas que van desde un perfil falso donde un mayor establece contacto con un niño o niña que imagina que habla con un par, seguidamente busca ganarse su confianza hasta quebrar una suerte de barrera y por último lograr que realice actos sexuales frente a una cámara.
“Con toda esa información el groomer se nutre, luego lo puede distribuir en redes de pedofilia y hasta lograr una captación”, dijo la especialista.
Asimismo Vaccarezza señaló que este atentado es indistinto a los sexos de los menores y que, muchas veces, la extorsión es otro de los caminos utilizados por los pederastas para obtener material, ya que amenazan con subir las primeras imágenes a grupos del colegio o redes sociales.
En cuanto a la realidad de la provincia y la región, tras un informe solicitado por el director de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, la Fiscalía General de Corrientes dio a conocer 14 causas del delito en diversas ciudades, que fueron recopiladas desde diciembre del 2013 a junio del 2018.
Es así que se pudo determinar que en esta capital se tramitan seis casos en diferentes juzgados; en Bella Vista cuatro; en Curuzú Cuatiá dos, y uno Mercedes al igual que en Goya.
Al mismo tiempo, cabe recordar que en el juicio realizado en el año 2018 por elfemicidio de Tamara Salazar, la querella impulsó la incorporación de la figura de grooming al expediente aunque fuentes judiciales aseguraron que no se juzgó este delito porque la joven era mayor de edad.
FUENTE: DIARIO EL LITORAL
