En una entrevista exclusiva con el programa CABLEINFORMA, la jueza de garantías Mirtha Aguirri brindó detalles sobre la reciente audiencia en el marco del denominado caso Lattar y explicó el rol del Juzgado de Garantías en la resolución adoptada.
Según indicó la magistrada, la audiencia fue solicitada por el fiscal con el objetivo de revocar la prisión preventiva de uno de los imputados. “El fiscal manifestó que la medida ya no resultaba necesaria porque habían desaparecido los riesgos procesales y que incluso existían elementos que lo desvincularían de la investigación”, explicó en CABLEINFORMA.
En ese sentido, Aguirri aclaró que la prisión preventiva se sostiene en función de ciertos factores, como el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y que en este caso el propio fiscal consideró que ya no estaban presentes. Además, adelantó que el representante del Ministerio Público habría anticipado un posible pedido de sobreseimiento para ese imputado.
Respecto a la causa, señaló que la calificación legal inicial fue la de robo calificado, presuntamente cometido con el uso de armas, con una pena prevista de entre 5 y 15 años. La jueza también precisó que la imputación es realizada por el fiscal al momento de formalizar el caso.
Aguirri explicó que, mientras uno de los imputados fue desvinculado del proceso en esta instancia, la otra persona involucrada continúa privada de su libertad, manteniéndose vigente la investigación en su contra.
Asimismo, destacó el rol de las abogadas querellantes que representan a la víctima, quienes participaron de la audiencia y acompañan el proceso junto al fiscal. En este caso, se trata de una persona mayor en situación de vulnerabilidad, lo que —según indicó— debe ser considerado especialmente tanto en el desarrollo de la causa como al momento de una eventual pena.
Consultada sobre la preocupación de vecinos ante la situación, la jueza señaló que comprende el malestar social, aunque remarcó que las decisiones judiciales deben basarse en los elementos de la causa. “Entiendo a las víctimas y a la comunidad, más aún por tratarse de una persona mayor que sufrió violencia, pero el análisis debe hacerse en función de las pruebas”, sostuvo.
Finalmente, la magistrada aclaró que no puede intervenir directamente en la investigación ni evaluar su desarrollo en profundidad, ya que su función está delimitada por el Código Procesal, centrada en garantizar la legalidad del proceso y el respeto de los derechos de las partes.