Todo estaba cocinado para que este miércoles comenzarán las sesiones extraordinarias por primera vez en 2021. De hecho, se había establecido que el temario vaya de menor a mayor en cuanto a factibilidad de sanción de leyes a medida que avancen los días: las menos conflictivas primero, las más ásperas después. Sin embargo, mientas se cierra esta nota, aún no se definió el sistema de sesión mixto, por lo que el reglamento vigente impone el presentismo. Esto, en un país con la extensión de la Argentina, puede llegar a complicar las cosas para algunos diputados que se encuentran en sus respectivas provincias.
“Si no tienen los votos para el protocolo se deberá sesionar a partir del 27 de enero que, de hecho, es lo más probable”, sostiene una fuente legislativa que remarca que Labor Parlamentaria recién se reúne este lunes 18 y que quedan muy pocos días para que los legisladores puedan llegar si no se consigue la prórroga, porque “no es lo mismo viajar desde Córdoba o Santa Fe, que desde Jujuy”. En el Senado el panorama no es muy distinto: Cristina Kirchner, máxima autoridad de la Cámara, regresaría desde El Calafate el lunes próximo.
El largo listado de leyes a tratar fue presentado en la prórroga de sesiones ordinarias a través del Decreto 964/2020 e incluye veinticinco leyes entre las que se encuentran varias que fueron aprobadas –despenalización del aborto, ley de los mil días, movilidad jubilatoria, impuesto a las grandes fortunas, quita de coparticipación porteña–, y otras que cuentan con media sanción.
La intención del Ejecutivo apunta a que se comience a tratar proyectos que no generen demasiado roce con la oposición, para ganar tiempo de negociaciones en los temas que generarán controversias y que podrían frenarse, sobre todo en la Cámara de Diputados. Así es que el temario comienza con el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, algo que no tiene mayores contraindicaciones para la oposición.
Pero el plato fuerte estará servido cuando deban tratarse las dos leyes que reformarían el funcionamiento judicial nacional: Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El primero de estos proyectos era un interés personal de Alberto Fernández y se convirtió en un interés personal de Cristina, al punto de sufrir modificaciones en el Senado hasta el extremo de crearse 1.200 cargos sobre la marcha. El segundo era un interés personal de Cristina y se convirtió en un interés personal de Alberto con tal de que pueda nombrar al actual juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.
En cuanto a la necesidad de las leyes, las opiniones son contrapuestas, como corresponde a la relación entre el oficialismo y la oposición. “Se supone que el gobierno necesita leyes, pero esto parece que fue más un acting que otra cosa”, sostiene una fuente de la oposición parlamentaria y justifica que “no hay ninguna ley que no pueda esperar a marzo”. En ese sentido, también un asesor del radicalismo sostuvo que “si nosotros vamos a tratar el fondo hipotecario, es lo mismo hoy que el dos de marzo”, al tiempo que ironizó con el blanqueo de inversiones inmuebles: “Puede que no funcione, puede que sea controversial, pero no veo a la gente haciendo cola para blanquear”.