La desmentida surgió como respuesta a versiones y artículos periodísticos que indicaban que desde diversos organismos del Estado se requirió información a la Dirección de Migraciones para revisar las fojas de ingreso y egreso del país de los jueces Ana María Figueroa y Mariano Llorens.
En virtud de esas versiones, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral inició hace dos años una investigación y pidió recientemente a la cartera de seguridad que informe si había espiado a estos magistrados que tienen bajo su órbita causas sensibles que inquietan a ex funcionarios y a integrantes del actual Poder Ejecutivo.
Según precisó en un comunicado de prensa, en el caso de Figueroa -jueza de Casación Penal- se trataba de una persona homónima, con un número de documento más alto que el de la magistrada, que estaba vinculada a una investigación realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINIC) bajo los términos de la Ley Nacional de Inteligencia.
En el caso de Llorens, el número de DNI proporcionado por el Juzgado junto al día y horario de ingreso en Migraciones no correspondía al magistrado, sino a un comisario inspector de la Policía Federal Argentina. “Por tanto, la operación había sido realizada en el marco de las misiones y funciones de la Dirección de Investigaciones Internas, consistentes en la investigación de los presuntos actos de corrupción o complicidad con el crimen organizado de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, como así también en la revisión de los antecedentes de los oficiales superiores, en forma previa al proceso de ascensos”, informó el Ministerio.