En los primeros 11 meses de este año, fueron informadas 32.758 interrupciones de embarazo realizadas en condiciones seguras en el sistema público, según reveló la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.
La cifra no incluye aquellos procedimientos efectuados en el sector privado, en servicios cubiertos por obras sociales y prepagas, o autogestionados por las mujeres o personas gestantes. En el primer semestre del 2021, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4 por ciento eran adolescentes. Un dato significativo es el aumento de consultas por interrupciones de embarazo al 0800-222-3444, la línea gratuita y confidencial del Ministerio de Salud: entre enero y noviembre de este año llegaron a 19 mil casi la misma cantidad que se habían recibido ¡en diez años!, entre 2010 y 2020.
A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la ley que consagró el derecho al aborto en las primeras 14 semanas de gestación, un monitoreo a nivel nacional realizado por el CEDES e Ibis Reproductive Health encontró que todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias. “El sector privado y de obras sociales ha sido el más resistente a la implementación de la ley. Eso lo estamos monitoreando conjuntamente con la Secretaría de Comercio y Defensa al Consumidor”, señaló Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, una de las jurisdicciones con mejor oferta para realizar abortos legales, y donde en junio se imputó al Hospital Austral por incumplimiento de la Ley de IVE.
Los colegios médicos fueron quizás el actor que opuso más resistencias y que en algunos casos promovieron de manera encubierta la conformación de listas de objetores. Otro problema ha sido la falta de información en los profesionales médicos, sobre todo los tocoginecólogos como también muchas autoridades sanitarias –secretarios de salud, directores de hospitales o de Atención Primaria de la Salud.
Una de las marcas más contundentes que revela el monitoreo del Cedes e Ibis son las desigualdades entre las provincias. Se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones, como sucede entre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco (0.9) y Formosa (0.6) es sensiblemente menor. La nacional se ubicó en 3.2. “Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, indicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES.
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