Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri por el caso Vicentin (una causa penal en la que nadie está siquiera imputado) quedó claro que la persecución del expresidente forma parte de la estrategia oficial. Sea porque Macri es un potencial peligro político para la sobrevivencia del kirchnerismo en el poder o porque las diferencias ideológicas justifican cualquier medio y cualquier fin, lo cierto es que el exjefe del Estado tuvo, como presidente, 145 causas judicial iniciadas por dirigentes del cristinismo. Sus abogados lograron cerrar 120 por insustanciales o descabelladas, pero aún le quedan 25, cinco de las cuales se abrieron en las últimas semanas. El número de expedientes judiciales puede parecer monumental, pero peor le fue como jefe de Gobierno de la Capital: entonces Macri tuvo durante los ocho años de gestión 245 causas abiertas también por dirigentes kirchneristas. Se cerraron 24. Le queda solo una abierta desde los tiempos en que estaba al frente del gobierno capitalino.
La presentación de la UIF se hizo ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan si hubo algún delito en el Banco Nación porque esta entidad le otorgó créditos multimillonarios a Vicentin. De hecho, el Banco Nación es, con 18.000 millones de pesos, uno de los principales acreedores de la empresa agroexportadora. La justicia penal investiga al directorio presidido por el economista Javier González Fraga, pero todavía no llegó al instante en que jueces y fiscales tienen las pruebas y la semi certeza de que existió un delito. Nadie está imputado. El kirchnerismo propaga que el Banco Nación le estuvo otorgando créditos a VIcentín hasta último momento, hasta poco antes de que anunciara la cesación de pagos.
El último crédito otorgado a Vicentin, aseguran, data de julio de 2018, casi un año y medio antes de que la empresa se declarara en default. Vicentin anunció que no podía pagar a sus acreedores ni a sus proveedores el 4 de diciembre de 2019. Sin embargo, el volumen del crédito sí aumento en 2019 por los efectos de la hiperdevaluación que se produjo después de las primarias de agosto del año pasado. Es decir, en 2019 creció la deuda de Vicentin con el Banco Nación por los viejos créditos, no por los nuevos que no existieron. Macri no formaba parte de esa causa hasta que apareció la UIF pidiendo la inhibición general de sus bienes.
Ercolini y Pollicita son dos magistrados demasiado serios como caer en semejante trampa. Pero importa el gesto e la UIF comandada por el abogado Carlos Cruz, que llegó a ese cargo de la mano del dirigente sindical Víctor Santa María. Santa María venía siendo investigado por la UIF desde antes por supuestas maniobras de lavado de dinero. Debe inferirse que el sindicalista ya no es investigado por nada. La presentación de 21 carillas de la UIF sobre Macri es un compendio de noticias publicadas en los diarios; no hay en ese documento ningún dato nuevo. Llama la atención que una agencia de inteligencia, dedicada a establecer casos de lavado de dinero, haya hecho un trabajo tan superficial. Alberto Fernández declaró públicamente que creía haber visto que existía sobre algunas de las personas sospechadas por la UIF un reporte de operaciones sospechosas, que es la alarma que disparan los bancos cuando intuyen que alguien está lavando dinero.
FUENTE: DIARIO «LA NACIÓN».