Con la intención de asegurarse el respaldo de los gobernadores el Frente de Todos introdujo cambios en el proyecto de reforma judicial, que obtuvo dictamen en el plenario de comisiones del Senado. Entre esas modificaciones están la creación de cinco Cámaras de Apelaciones en el interior, un reclamo de los jefes provinciales.
El oficialismo necesita asegurarse el mayor respaldo posible para avanzar con el proyecto. Aunque se descuenta que tendrá media sanción en el Senado tiene un panorama adverso en Diputados, ya que no tendría los votos para sancionar la ley. En la cámara baja las bancadas de Juntos por el Cambio, Consenso Federal (Roberto Lavagna) y Córdoba Federal (Juan Schiaretti) adelantaron su rechazo a la iniciativa.
El planteo de los gobernadores pasa porque los tribunales de alzada en algunos territorios están en otras provincias. Son los casos de los juzgados federales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa y San Luis.
El Juzgado Federal de Ushuaia depende de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en Chubut, los tres tribunales de Formosa de la Cámara Federal de Resistencia en Chaco y el de Neuquén de la Cámara de General Roca, en Río Negro. En otros casos como el del Juzgado Federal de Reconquista las apelaciones deben hacerse ante la Cámara Federal de Resistencia pese a que en Santa Fe hay un tribunal de segunda instancia.
El panorama en Diputados
La bancada que dirige Máximo Kirchner tiene 119 integrantes y necesita el respaldo de otros diez para lograr quorum y habilitar el debate en la Cámara baja. Mientras que Juntos por el Cambio, que rechaza el proyecto, tiene 116 legisladores.
Tampoco respaldará la propuesta el bloque de Consenso Federal, que responde a Lavagna y tiene tres legisladores sobre once del Interbloque Federal. Integran además este grupo cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden a Schiaretti que tampoco avalarán la propuesta del oficialismo. El Frente de Todos deberá conseguir apoyo entre los legisladores restantes para sancionar la ley.
FUENTE: «TN».