Después de unos días de incertidumbre, quedó claro que la pulseada entre el gobierno nacional y la Corte Suprema sigue su curso. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto para que Ana María Figueroa siga siendo jueza por cinco años más en la Cámara de Casación Penal, luego de que el Senado votara la semana pasada la continuidad de la magistrada, pese a que el máximo tribunal se había apurado a indicar que debía jubilarse, cuando la Cámara alta aún no se había expedido.
«Nómbrase por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo», indica el texto del decreto que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.
«La ley dice que (el acuerdo en el Senado) tiene que ser una vez que cumpla los 75 años, no antes de que cumpla los 75. El Gobierno mandó el pedido de acuerdo en plazo, se aprobó ahora y se designó», explicó la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. La decisión primero del Senado y luego del Ejecutivo le marca la cancha a la Corte Suprema, que dio por jubilada a Figueroa tras haber cumplido años el 9 de agosto pasado. Sin esperar a que se expidieran los senadores, y pese a que su pliego para la renovación ya había tenido dictamen en la Comisión de Acuerdos de la cámara, el máximo tribunal resolvió hacerla cesar en sus funciones. «Fue un supremo acto de violencia institucional por razones de género», dijo entonces Figueroa a este diario.
El Consejo de la Magistratura tiene previsto reunirse este miércoles y se espera que la designación de Figueroa forme parte del debate entre los consejeros, aunque no figura en el temario. La oposición intenta acelerar el llamado a concurso para cubrir la supuesta vacante en Casación: la consejera abogada y exfuncionaria macrista Jimena de la Torre ya le solicitó a la Comisión de Selección una «urgente» convocatoria a concursar el cargo de Figueroa. Si el trámite se judicializa, por la vía de la apelación terminará en la Corte Suprema.
En la Cámara de Casación, mientras tanto, esperan la publicación del decreto para comenzar a analizar qué hacer. El actual presidente del máximo tribunal penal federal, Mariano Borinsky, podría llamar a todos los integrantes de Casación a un plenario, esta semana o la próxima. También podría ir directamente en consulta a la Corte Suprema.
Hasta ahora, en el máximo tribunal sostenían que el tema Figueroa era un «asunto concluido» y que no había nuevos elementos a evaluar. El escenario parece haber cambiado.
FUENTE: PÁGINA 12.