El jefe de Gobierno no está de acuerdo con el núcleo de la reforma judicial, pero apoya el traspaso de las competencias penales. La clave son los recursos, como ocurrió con la Policía.
Horacio Rodríguez Larreta está en una posición incómoda con la reforma judicial. Aunque rechaza el núcleo del proyecto, “licuar el poder de los jueces de Comodoro Py” mediante subrogantes, adhiere a la idea de traspasar la justicia penal a la Ciudad, un viejo reclamo de los porteños desde la reforma constitucional de 1994. A su modo, el jefe de Gobierno reclamó mayor debate en el Congreso pero mantiene abierta una negociación por los fondos necesarios para el traspaso, si alguna vez se concreta. Aunque el Poder Ejecutivo debería traspasar la justicia penal con los “recursos”, en la Ciudad saben que eso no ocurrirá. Hasta ahora se negocia una suerte de “compensación”. “La plata no va a estar, la propuesta es que paguemos el traspaso y suspender el descuento de la coparticipación”, confirmó a Infobae una alta fuente de la Ciudad.
La posible baja del porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad había sido planteada por Alberto Fernández apenas asumió. “Hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional, que han quedado bastante desordenadas”, justificó el Presidente en enero pasado. El conflicto se diluyó por la pandemia, pero sigue latente.
En marzo, el gobierno nacional tenía decidido reducir la coparticipación en 1 punto porcentual, unos $35.000 millones. Actualmente, la Ciudad percibe el 3,5% de la coparticipación federal. El plan era bajarlo al 1,4% y sumarle los salarios de los policías transferidos.
La aparición de la reforma judicial modificó, en parte, ese escenario. El proyecto que tiene dictamen del Senado promete traspasar la Justicia penal a la Ciudad “con todos los recursos”. El artículo 34 del dictamen de mayoría es claro: “La transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos (artículo 75, inciso 2, de la CN). A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias que correspondan”.
El Presidente y el jefe de Gobierno hablaron sobre ese tema hace algunas semanas. La propuesta que escuchó Larreta implica una suerte de “compensación” entre los recursos necesarios para pagar la Justicia y la baja prevista de la coparticipación.
“Si nos dan los recursos, pero después nos descuentan de la coparticipación es como pagar una deuda con plata ajena”, advierte un alto funcionario de la Ciudad que integra la mesa chica en materia judicial. Otro funcionario porteño confirmó las negociaciones: “Si la propuesta es razonable, la vamos a aceptar. Hoy estamos hablando de medio punto, si es más que eso nos vamos a sentar a discutir”.
En la actualidad, el proyecto traspasaría de manera inmediata unos 23 jueces penales que ya manifestaron su voluntad al momento de ser nombrados. También se sumaría un número indefinido de fiscales. El primer conflicto es por los sueldos. “Habría que equiparar a toda la justicia de la Ciudad porque los sueldos son más bajos”, explicó un funcionario.
Detrás del tema salarial asoman otros problemas. “Hay que estudiar qué vamos a hacer con el Servicio Penitenciario (la Ciudad debería crear uno o firmar convenios con el SPF), si es necesario ampliar las cámaras, varias cuestiones sobre la infraestructura de la Justicia porteña como el alquiler de edificios, entre otras cosas”, admitió un funcionario.
Falta mucho. El proyecto prevé un plazo de tres años para completar todo el traspaso. “No podemos avanzar hasta que no tengamos una reunión con Nación”, dijo un funcionario de la Ciudad que espera hace varios días un llamado del Ministerio de Justicia.
FUENTE: «INFOBAE».