Las expectativas estaban puestas en Buenos Aires. Más precisamente en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Allí, empresarios y representantes sindicales se reunieron ayer pasado el mediodía para ver si podían destrabar el conflicto en el transporte urbano e interurbano que afecta a la prestación del servicio en el interior del país. Sin embargo, ante la falta de un respaldo del Gobierno nacional para efectivizar las mejoras salariales pretendidas por los trabajadores del volante, tal como lo concretó para evitar medidas de fuerzas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no hubo acuerdo. Es más, en el encuentro ni siquiera participaron los funcionarios de la administración nacional. Tras la falta de acercamiento, desde la Unión Tranviario Automotor (UTA) convocaron a un paro para el jueves y viernes de la próxima semana (22 y 23 de junio).
Para el martes pasado, 13 de junio, UTA llamó a un paro en el transporte, por 24 horas, para todo el país. Sin embargo, el Gobierno nacional convocó a los representantes gremiales y oficializó los aportes para las mejoras salariales pretendidas por los choferes del AMBA. Por ello, la huelga solo se efectivizó en el interior de Argentina. En pleno conflicto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, emuló a la administración nacional. Las otras provincias no tuvieron la misma suerte. Tras el paro del martes, la audiencia de ayer en el Ministerio de Trabajo se presentaba como la esperanza de frenar la escalada del conflicto. No fue así.
Los primeros en tener las palabras fueron los representantes de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP). Los empresarios, en primer lugar, recordaron que el Ministerio de Transporte de la Nación comprometió los aportes de fondos necesarios para las empresas prestadoras de servicios del AMBA para que puedan atender los reclamos salariales presentados por la UTA. «Lamentablemente, el transporte del interior del país no merece la misma atención y preocupación de esa cartera», apuntaron. Instantes después, agregaron la crítica a los gobiernos provinciales y municipales de los cuales dijeron «se encuentran nuevamente ausentes».
«La crisis del sector se agrava día tras día, profundizándose la descapitalización de las empresas prestadoras que se encuentran sometidas a un proceso de deterioro que amenaza severamente con terminar su existencia como tal», apuntaron los representantes de la FATAP para dejar plasmada en el acta la advertencia que ya hicieron pública con anterioridad.
Por ello, los empresarios solicitaron, en primer lugar, que el Gobierno nacional declare la emergencia del transporte de pasajeros por colectivos urbanos y suburbanos del interior del país y, por otra parte, que el Ministerio de Trabajo convoque «de modo urgente» a la UTA en el marco del procedimiento de crisis.
Instantes después, recordaron que el sector requiere de un aporte adicional de $12.000.000.000 al mes de junio para hacer frente a la pretensión salarial formulada por la UTA. Para lo que resta del año, la suma se elevaría a más de $80.000.000.000.
«La única posibilidad que el sector tiene para alcanzar un acuerdo paritario es que el Estado nacional exhiba el mismo grado de compromiso e interés que el que pusiera de manifiesto para resolver la situación de los servicios del AMBA, y suscriba un compromiso escrito y concreto, formulado en estas actuaciones conjuntamente con cada uno de los gobiernos provinciales y municipales que materialice y los obligue a efectivizar los aportes antes detallados», dijeron los empresarios.
Y agregaron que sin que se efectivicen estos requisitos no podrían suscribir acuerdo de mejora salarial alguna por no contar con los recursos para su cumplimento.
FUENTE: DIARIO «ÉPOCA».