La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó este miércoles el auto de procesamiento de siete acusados en el caso de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido el 13 de junio de 2024 en Paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. La decisión ratifica el procesamiento dictado el 4 de diciembre de 2024 por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.
Los imputados, identificados como Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, enfrentan cargos por el delito de sustracción de un menor de 10 años, y continúan bajo prisión preventiva. La investigación se centra en la hipótesis de que la desaparición de Loan está relacionada con un accidente ocurrido en circunstancias confusas.
De acuerdo con el fallo de la Cámara, se recopilaron diversos elementos probatorios, entre ellos testimonios, pericias odorológicas y análisis de comunicaciones, que indican que el niño fue visto por última vez en un naranjal acompañado por varios de los imputados. Un testimonio clave sitúa a Antonio Benítez como el último adulto que estuvo con la víctima.
La investigación ha revelado contradicciones en las declaraciones de los acusados, cambios reiterados de vestimenta y comportamientos evasivos que han llevado a las autoridades a considerar la existencia de un encubrimiento. Además, se confirmó la presencia de Loan en la camioneta de Carlos Pérez, donde se encontraron rastros de sangre y señales de impactos, lo que refuerza la hipótesis de un accidente.
En su resolución, la jueza Pozzer Penzo descartó otras teorías, como trata de personas, venganza o accidente fortuito, y se enfocó en un posible atropello del menor por parte de Pérez y Caillava, quienes habrían ocultado el accidente con la complicidad de los demás imputados.
La Cámara justificó la medida de prisión preventiva por la gravedad de los delitos imputados, así como el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Mientras tanto, Mónica Millapi seguirá bajo prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén.
Asimismo, fueron confirmados embargos por sumas significativas, que ascienden a $20 millones para Caillava y Pérez, $8 millones para Maciel, y $1 millón para el resto de los acusados. Las objeciones de nulidad del procesamiento y las críticas a la actuación de la Defensora de Menores fueron rechazadas, y el expediente continuará en la etapa de instrucción, que ha sido prorrogada hasta el 19 de julio de 2025.
FUENTE: REPÚBLICA DE CORRIENTES.