La segunda a cargo del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, en el que se habrían producido una serie de casos irregulares en la venta de terrenos y certificación de dueños de los mismos, que son investigados por la Justicia correntina, quedó recientemente en libertad bajo caución juratoria.
Esto es, cuando el procesado no reincidente, que busca beneficiarse con la libertad provisional, «presta promesa de presentarse siempre que sea llamado por el juez de la causa y fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin conocimiento y autorización del mismo, bastando su contravención para ordenar nuevamente su prisión», según la normativa jurídica vigente.
Así fue el caso peticionado por María Bernarda Correa, y según se supo fue liberada ayer luego de cumplir el proceso de indagatoria, en donde su abogado alegó que su defendida tiene 67 años y con problemas de salud comprobados, por lo cual peticionó su libertad con esos parámetros por cumplir en los tiempos exigidos. En su caso, deberá comparecer ante la autoridad a cargo de la Unidad Penal N°3 Instituto Pelletier en el que estaba alojada en condición de detenida.
Hasta hace pocos meses, Correa se desempeñaba en el segundo puesto mayor dentro del esquema jerárquico del mencionado organismo provincial, que hasta antes del escándalo estaba comandado por María Eugenia Demetrio, la escribana que también está detenida por esta causa. Pero no solamente funcionarias del Registro de la Propiedad están involucradas, sino también hasta el propio titular de la Dirección Provincial de Catastro, Narciso Toffoletti.
La Justicia, puntualmente, consignó que «los delitos que se le imputan a las personas detenidas son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos». Se estima decenas y centenas de inmuebles que habrían sido foco de esta megaestafa, sobre al cual hay una quincena de personas detenidas involucradas en mayor o menor medidas en las turbias operatorias denunciadas.
La punta del ovillo fue una denuncia sobre costosos terrenos en la zona de Santa Ana en que se fraguaban los documentos de propiedad y las escrituras oficiales. A partir de esas denuncias de hace un año y medio brotó esto de la asociación ilícita y una estafa a niveles muchos más amplios. En medio de la investigación de la megaestafa, la escribana Demetrio también abrió un reclamo por mantener el cargo de titular del Registro de la Propiedad, pese a estar detenida e involucrada en la causa. Sin embargo, el pedido de una cautelar fue rechazado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2.
FUENTE: DIARIO «ÉPOCA».