Así lo expresó el abogado correntino, Ricardo Sosa, quien habló en HACETE CARGO sobre la causa que enmaraña al presidente Alberto Fernández en su imagen política. «El presidente viola y transgrede lo que él mismo dictó. Eso lo transporta al Código Penal donde esto está codificado como delito. Ahora bien, debido al monto de la pena de este delito, existen varias medidas alternativas para solucionar el proceso. En este caso, a sugerencia de la defensa, el presidente optó por la reparación integral del daño; es decir que se ofrece una determinada cantidad de dinero para extinguir la acción penal», comentó.
Recientemente el máximo mandatario, había presentado una estrategia para ser sobreseído de la causa Olivos, que se dio a conocer hace unos meses. La propuesta fue ofrecer $1.600.000 con el fin de cumplir la norma reparatoria que establece el Código Penal. «Una cosa es esta situación legal y la otra es la ética. ¿Existe ética para que una persona viole un decreto que dictó? ¿Existe ética para el pueblo argentino? Yo creo que desde el punto de vista ético, es sancionable. Me sorprende que no se haya iniciado un juicio político. La reparación integral del daño, es reparación integral. Daño emergente, lucro cesante, año moral y con $1.600.000 que es la suma que ofrece, ¿Se reparará su credibilidad en Argentina? Yo estimo que no», dijo.
En este sentido, el abogado opinó que la investigación debería seguir su curso y hasta incluso, iniciar un juicio político. Por otro lado, pidió que AFIP se adentre a analizar los fondos de la primera dama. «Yo estimo que se deben tomar pruebas testigos. Me parece que lo que ofrecen es demasiado poco, basándome en la Ley porque se habla de «reparación integral», lo que significa que cubre todos los rubros. El fiscal no recibe la propuesta, su opinión no es vinculante; el que termina decidiendo es el juez de la causa. Entiendo que la postura del fiscal hubiera sido rechazar la propuesta. No lo hubiera aceptado justamente por ser funcionario público y termina haciendo lo que no se debe hacer», señaló el letrado.
«La sentencia que hubiera caído sería de cumplimiento condicional, ahora eso afectaría políticamente al presidente. Ya tenemos un presidente con procesamiento. Yo creo que el presidente no se debería haber expuesto a hacer esto y más, conociendo el lugar. Son situaciones particulares del presidente y su esposa, hay otra lista que a mi me despertó sospechas: ¿De dónde saca la señora Fabiola $1.400.000 para reparar? La AFIP debería investigar a la señora. Él en este momento está sacando dinero que no se sabe de dónde viene, se tendría que haber tenido en cuenta eso», concluyó Sosa.