La situación del Instituto Superior Nordeste continúa generando preocupación en Bella Vista y otras localidades de la región tras conocerse la clausura de sus sedes y los cuestionamientos sobre la validez de los títulos emitidos por la institución. En una entrevista exclusiva para HACETE CARGO, los abogados Joaquín Aranda y Alfonso Aranda, representantes de un grupo de alumnos afectados, brindaron detalles sobre el panorama actual y las posibles acciones judiciales que podrían impulsarse.
Joaquín Aranda calificó la situación como «muy triste» para estudiantes, egresados y familias que durante años invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo en su formación académica. Explicó que el contacto con los alumnos comenzó luego de que una estudiante se acercara para plantear sus inquietudes y que, a partir de allí, se organizaron reuniones que fueron sumando cada vez más participantes.
«Comenzamos con unos pocos alumnos y terminamos reuniéndonos con entre 30 y 40 personas que buscaban respuestas sobre lo que estaba ocurriendo», señaló.
Por su parte, el Dr. Alfonso Aranda describió el escenario que encontraron durante esos encuentros como preocupante y cargado de incertidumbre. Según explicó, participaron estudiantes de distintos años de cursado, personas próximas a graduarse y también egresados recientes que hoy desconocen cuál será la situación de sus títulos.
«Muchos de ellos coincidían en que durante todo el proceso educativo se les aseguró que los títulos contaban con aval nacional y que tendrían validez tanto en Corrientes como en el resto del país. Hoy, con la información que tenemos, entendemos que eso no era así», sostuvo.
Los abogados señalaron que uno de los aspectos centrales que será objeto de análisis es la documentación que firmaban los alumnos al momento de inscribirse. Según indicaron, se celebraban contratos de locación de servicios donde se hacía referencia a títulos dependientes del Ministerio de Educación de Corrientes, una cuestión que consideran especialmente relevante a la hora de determinar eventuales responsabilidades.
Asimismo, remarcaron que también se estudiará la posible existencia de publicidad engañosa, teniendo en cuenta que numerosos estudiantes afirmaron haber elegido la institución bajo la promesa de obtener títulos oficialmente reconocidos.
Durante la entrevista, los profesionales hicieron referencia a un documento emitido por la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de Corrientes, donde se indicaría que el Instituto Nordeste no se encuentra incorporado a la enseñanza oficial privada de la provincia y que las carreras ofrecidas no cuentan con reconocimiento dentro de la jurisdicción correntina.
Según explicaron, esa información refuerza la preocupación de estudiantes y egresados respecto de la validez de los certificados y títulos obtenidos.
Al ser consultados sobre la situación de quienes ya finalizaron sus estudios, Alfonso Aranda señaló que, de confirmarse la falta de reconocimiento oficial, resultaría extremadamente difícil lograr posteriormente la validación de esos títulos mediante acciones judiciales.
«Si efectivamente no existe la habilitación correspondiente, la situación es muy compleja. No se trata solamente del título, sino también de los analíticos y de toda la trayectoria académica realizada», explicó.
Otro de los puntos que surgió durante las reuniones con los afectados tiene relación con la modalidad de cobro de cuotas y aranceles. Según los testimonios recabados por los abogados, los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas personales y no a nombre de una institución educativa formalmente identificada.
Además, afirmaron que los estudiantes aseguraron no haber recibido facturas por los pagos efectuados, sino únicamente recibos informales.
«Los alumnos nos acercaron comprobantes donde las transferencias se realizaban a personas físicas y no a una razón social vinculada al instituto», indicó Joaquín Aranda.
Los letrados también señalaron que muchos pagos se efectuaban a través de billeteras virtuales, situación que, según explicaron, podría dificultar algunas tareas de verificación y reconstrucción documental en una eventual investigación.
Respecto de los próximos pasos, los abogados informaron que actualmente se encuentran recopilando documentación y reuniendo toda la información necesaria antes de definir las acciones legales correspondientes.
La intención inicial es avanzar mediante un reclamo colectivo que agrupe a estudiantes y egresados afectados, considerando que la mayoría de los casos presentan características similares en cuanto a la contratación, los pagos realizados y las promesas efectuadas por la institución.
En paralelo, señalaron que continuarán acompañando a los alumnos en la búsqueda de respuestas oficiales y en el análisis de las alternativas disponibles para intentar resguardar sus derechos.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa creciendo entre quienes cursaban distintas carreras en la sede de Bella Vista y en otras ciudades donde funcionaba el Instituto Nordeste. La clausura de la institución y las dudas sobre la validez de los estudios realizados han generado una profunda preocupación en decenas de familias que ahora aguardan definiciones oficiales y el avance de las gestiones legales que permitan esclarecer la situación.