El TOF de Corrientes iniciará el análisis de la causa «Séptima Brigada de Infantería», en la que diez exintegrantes de diversas fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar están acusados por las torturas y el abuso de 104 personas y la muerte de una de ellas. Desde el «Espacio Memoria», Marisa Sanauria, habló en PRIMERA MAÑANA sobre el proceso judicial. «En realidad, es un proceso necesario para quienes fueron víctimas directas y su vida fue condicionada. Para las familias de las personas desaparecidas hasta el día de hoy es una reparación pero más es una reparación social. La edad ha hecho que muchos de los responsables hayan fallecido, solamente 10 personas podrán afrontar el proceso. Queremos conocer qué pasó y cómo se planificó la dictadura en Corrientes. Queremos conocer los mecanismos que se utilizaron. Preocupa mucho lo que está sucediendo en Jujuy por ejemplo porque hay prácticas que nosotros ya dijimos «Nunca Más». Como sociedad deberíamos volver a decirlo», señaló.
Además, la representante recordó el mecanismo de control que utilizó la dictadura durante su mecánica terrorista de Estado. «La Dictadura Militar copió algunos elementos de la guerra de Argelia y China. Prepararon a los militares desde hace muchos años antes del golpe, acá se tradujeron los manuales franceses para poder preparar a las Fuerzas Armadas. El golpe no es algo que se produce de modo espontáneo ante la reacción social y política del momento (sin desconocer que había convulsión política en esa época). Tomaron la planificación de dividir el país cuadricularmente y cada zona tenía cuatro subzonas. Debe haber uno o dos correntinos, el resto no: hay tres Generales de Brigada que tienen ahora 90 años aproximadamente, responsables de inteligencia, personal y operaciones, luego tres personas más que estaban a cargo del Centro Operativo. Además, había tres personas de Gendarmería Nacional», indicó.
«Hay mucha expectativa, es un trabajo de investigación de muchos años. Tras 15 años, estamos por llevar adelante una segunda etapa. Esto abarca una especie de reparación debido a la magnitud del hecho. El Espacio Memoria está constituido por diferentes organismos y en este juicio se tratarán dos casos: una de ellas es bellavistense. Si nosotros sabemos lo que pasó, seguramente estaremos en mejores condiciones de defender nuestros derechos. El proceso judicial y de memoria, son ejercicios sobre nuestras propias vidas y derechos. Estas personas que están imputadas, son los que saben sin lugar a dudas donde están los cuerpos. Sería sanísimo que puedan aportar datos a las familias antes de dejar este mundo», sostuvo Sanauria.
Los imputados son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231 con poder de decisión sobre la planificación represiva. De la nómina de imputados fueron apartados por incapacidad sobreviniente, dado el paso de los años, los exmiembros del Ejército Julio Rafael Manuel Barreiro -que purga una condena a 25 años de prisión por otro juicio de lesa humanidad- y Cyris Dalmis Marcelo Feu, quien también fue interventor militar de la provincia de Corrientes.