El Tribunal Oral Penal de Mercedes -hoy Tribunal de Juicio- condenó ayer al intendente de la ciudad de Mercedes, Diego Caram, a 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real. Otros 5 funcionarios también fueron juzgados por el mismo delito. Belén Gómez, concejal de Mercedes, se refirió a la sentencia en HACETE CARGO. «El intendente Caram fue el único al que se lo encontró responsable por incumplimiento de ordenanza de bancarización que habría transparentado los recursos públicos de la municipalidad que hoy están desaparecidos. También se lo encontró culpable del delito de peculado, falsificación y sustracción de documentos públicos a parte de su equipo; el Secretario de Hacienda por un lado, el Tesorero de la Municipalidad, la que fue Jefa de Personal y una empleada acusada de sustracción», precisó.
Vale recordar que, en octubre de 2019, el exintendente mercedeño Víctor Cemborain denunció que desde la Municipalidad de esa ciudad se pagaban 74 planes a personas que aseguran nunca haberlos recibido. Así se inició la causa. Un total de 55 personas declararon no haber percibido dinero en concepto de planes sociales durante el juicio que se inició en marzo de este año. «El denunciante, Víctor Cemborain, que compartía el mismo color político; primero hace una conferencia de prensa y luego hace la denuncia. En ese tiempo, que él hace la denuncia y la policía hace los allanamientos, se perdieron los documentos de estos beneficiarios de planes sociales y por eso se los acusa de sustracción de documentos públicos. Las personas que figuran como beneficiarios sociales, son personas que se acercaron a la municipalidad con la solicitud y una copia de su DNI; ellos los hicieron figurar como beneficiarios de planes sociales y ellos nunca se enteraron, la cuestión es que alguien cobraba por ellos. Se enteraron por la lista que publicó Víctor Cemborain que se habían aprovechado de su identidad de una manera ilícita», explicó Gómez.
«Caram no tendría que estar en el ejercicio del cargo, tendría que estar suspendido en cumplimiento de una manda constitucional de la provincia que establece que cuando hay un procesamiento confirmado en segunda instancia, se suspende el ejercicio del cargo automáticamente. En su lugar, asumiría la viceintendente, tendría que estar a cargo por el tiempo que esté suspendido el intendente. Vamos a solicitar la remoción de los funcionarios involucrados porque están inhabilitados. Esto es parte de la soberbia que les da el poder, que creen que se puede hacer lo que se le da la gana y celebro que la justicia haya marcado el camino; espero que de acá en adelante las cosas se hagan como corresponde», cerró.