A principios de diciembre de 2024, tras numerosas denuncias de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, la Justicia ordenó a la cámara que nuclea a las empresas de transporte de media y larga distancia que respeten las leyes que garantizan la gratuidad del servicio para este sector de la población.
El beneficio, que había sido suspendido luego del anuncio de la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros por parte del gobierno de Javier Milei en octubre, generó un fuerte rechazo por los perjuicios causados a los usuarios con discapacidad. Como respuesta, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) presentó una medida cautelar y comenzó a sancionar a las empresas que incumplieran la normativa. «Continuaremos registrando las denuncias de los usuarios», aseguró el organismo tras el fallo judicial.
Marcha en Corrientes contra las restricciones
En este contexto, un grupo de personas con discapacidad, principalmente no videntes, junto a sus familiares, se manifestaron en la plaza Torrent de la ciudad de Corrientes. Su reclamo es claro: rechazan la decisión municipal de restringir el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, lo que genera gran preocupación entre los afectados.
Según explicaron los manifestantes, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que tiene validez en todo el país, los beneficiarios deberían acceder sin restricciones a los pasajes gratuitos. Sin embargo, en Corrientes, se han impuesto limitaciones que rigen de lunes a sábados, lo que motivó la protesta.
Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos, expresó su indignación en declaraciones a RADIO BELLA VISTA: «Estoy muy preocupada porque esta medida golpea a todos los correntinos. Con el CUD, se accede a pasajes gratuitos sin restricciones, pero en Corrientes han impuesto limitaciones. Por eso realizamos esta marcha. El intendente Eduardo Tassano fue quien tomó esta decisión».
Kriskovich también detalló que solicitaron reuniones con el intendente y el Subsecretario de Transporte, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. «Este jueves nos reuniremos con el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarillo. Esperamos que se solucione urgentemente, porque esta medida vulnera un derecho y va en contra de una Ley Nacional», remarcó.
Críticas a la medida municipal
Desde la organización que representa a los afectados sostienen que la restricción es arbitraria y que no tiene justificación legal. «No va a llevar a la quiebra a ninguna empresa permitir que las personas con discapacidad viajen gratis, como lo establece la ley. Está claro que los empresarios buscan su beneficio, pero el intendente no tiene facultades para tomar esta decisión. Corrientes está adherida a la Ley Nacional y a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que están dentro de la Constitución», afirmó Kriskovich.
Finalmente, insistió en la necesidad de que el municipio revierta la medida: «Necesitamos una respuesta urgente porque esto golpea a las personas con discapacidad y a sus familias. Con solo tener el CUD, deben acceder al transporte urbano de manera gratuita. Que se ajusten los funcionarios, pero no las personas con discapacidad. Es una vulneración de derechos que costó mucho conseguir. Ajustar en discapacidad es inaceptable y totalmente discriminatorio», concluyó.