El secretario de Trabajo de la provincia, Juan David Rajoy, se refirió al levantamiento del paro docente en Corrientes y explicó que la medida se encuadra en los recientes cambios introducidos por la normativa laboral a nivel nacional, que declara a la educación como un servicio esencial.
Según indicó el funcionario, el conflicto se originó tras la convocatoria a una medida de fuerza por parte de los principales gremios docentes, en un contexto atravesado por la implementación de nuevas disposiciones legales. “Estamos atravesando una modificación en la legislación laboral de la Argentina, y esto es inédito: es la primera vez que ocurre con esta normativa”, sostuvo.
En ese marco, Rajoy explicó que el Gobierno provincial actuó mediante una providencia para notificar a los sindicatos sobre los alcances del artículo 101 de la ley de modernización laboral. Esta normativa establece la esencialidad de la educación en los niveles obligatorios —inicial, primario y secundario— y fija la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación del servicio durante una huelga.
“El derecho de huelga se mantiene, pero debe ejercerse garantizando un 75% de la prestación del servicio educativo. Se entiende que ese porcentaje refiere a la presencia de docentes en las aulas”, detalló.
No obstante, el funcionario reconoció que la interpretación de este punto aún genera debate. “Es una cuestión muy nueva y seguramente hay distintos criterios sobre cómo aplicarla”, admitió, al tiempo que señaló que los gremios ya realizaron presentaciones en desacuerdo con la medida.
En ese sentido, Rajoy indicó que uno de los ejes de la discusión pasa por la posible inconstitucionalidad de la norma, algo que —según aclaró— deberá ser definido por la Justicia. “Los gremios plantean que podría ser inconstitucional, pero eso lo tiene que determinar el Poder Judicial”, afirmó.
Asimismo, remarcó que la intervención del Gobierno se limitó a informar y aplicar la normativa vigente. “Nosotros no prohibimos el derecho de huelga ni incurrimos en abuso de autoridad. Cumplimos con la obligación de comunicar los alcances de la ley”, expresó.
El secretario también advirtió que el incumplimiento de lo establecido podría derivar en sanciones, aunque aclaró que estas se plantean en términos potenciales y dentro de lo previsto por la legislación.