La presidenta de la Asociación Prestadores de Discapacidad Unidos, Marcela Kriskovich, expresó en PUNTO DE VISTA su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina, en medio de las auditorías a las pensiones no contributivas y tras el veto del presidente Javier Milei a la emergencia en discapacidad.
«Tenemos una gestión que nos invisibiliza y realmente nos duele, porque consideran que somos un gasto y que generaremos un déficit fiscal. Como bien se dijo, la salud no se negocia; con nuestros hijos no. Ojalá que los Diputados y Senadores sigan representándonos y no negocien. La discapacidad le puede tocar a cualquier persona», señaló Kriskovich.
La dirigente remarcó que detrás de las cifras hay realidades humanas que no pueden ser ignoradas. «Es importante que se interioricen y que detrás de los números hay personas que sienten, que tienen derechos y que necesitan medicamentos. Hay 6.000 personas esperando el alta para el Programa Incluir Salud, lo que impide que accedan a prestaciones», advirtió.
En cuanto a la metodología de las auditorías, Kriskovich cuestionó la falta de criterio en algunos casos. «No decimos que no haya auditorías, pero parece que para esta gestión no existe la practicidad. Se pidió que personas electrodependientes asistan a las auditorías; eso es tener cero conocimiento. Si uno es funcionario y quiere gobernar, debe recorrer un poco y salir del escritorio», sostuvo.
También denunció incoherencias en los requisitos exigidos. «Pedían todos los estudios cuando un Síndrome de Down no se te borra de la noche a la mañana. Son cosas incoherentes y pagan justos por pecadores. Digan la verdad a la gente», enfatizó, concluyendo que «hay mucha crueldad porque hay gente que tiene derechos de por medio».