En un encuentro organizado por el Gobierno Nacional con la idea de proponer un texto que corresponda a «una legislación de derechos humanos con perspectiva de géneros, interseccionalidad e interculturalidad», Resistencia es sede de la audiencia pública que propone reformas a la Ley Nacional de Discapacidad. Martín Nasini es un ciudadano bellavistense que habló en PRIMERA MAÑANA sobre la dificultades con las que se encuentra una persona con discapacidad respecto a la accesibilidad en la vía pública. «Mis reclamos fueron cuandos e hicieron ciertos eventos públicos. Solo con un poco de sentido común, las cosas se solucionan. Una concejal se acercó a mi negocio y hablamos sobre varios puntos, así también la intendente puso en marcha un plan para solucionar cuestiones de accesibilidad en la costanera. Por ahí esto que apunta el Chaco es darle importancia a las personas que vivimos en carne propia el problema cotidiano de accesibilidad», indicó.
Nasini, opinó respecto al encuentro que se enmarca en la construcción de una nueva Ley Nacional de Discapacidad mediante una Consulta Pública Federal que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto a cada ámbito de la sociedad argentina. «Por ahí son pocas las personas que se pueden desenvolver fácilmente, pero si uno se pone a pensar hay ciertos detalles a mejorar en la ciudad. En ciudades grandes es obligatorio que haya un espacio para que estacionen las personas con discapacidad, por ejemplo. Hay lugares que son espectaculares, que realmente te dan ganas de volver y otros a los que no querés volver más. Bella Vista está más grande y ahora está un poco más simplificado que en otros lugares», dijo Nasini.
Cabe recordar que
La Nueva Ley de Discapacidad será una Ley de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales. En Argentina, la Ley 22.431, sancionada en 1981 como ley marco en discapacidad, instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, una normativa que da cuenta de una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho; que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas.