La Corte Suprema de la Nación tiene pendiente definir de forma clara cómo deben calcularse los intereses o la actualización del dinero que les corresponde a los trabajadores en juicios por despidos o accidentes laborales.
Desde principios de 2024, el máximo tribunal fue dando algunas señales en diversos fallos, pero solo para marcar qué métodos no son válidos según la Constitución. Aún falta que fije una regla concreta y definitiva. Esta decisión será clave para miles de casos laborales y puede tener un gran impacto en el mundo del trabajo y las empresas.
A partir de las decisiones de la Corte, las distintas salas de la Cámara Nacional del Trabajo se vieron obligadas a revisar su forma de calcular los intereses en los juicios laborales. Sin embargo, aunque el máximo tribunal marcó ciertos límites, la mayoría de las salas decidieron seguir aplicando índices de actualización, cada una con su propio criterio.
Las salas I, II, IV, V, VI, VII, IX y X optaron por usar el IPC (índice de precios al consumidor) más una tasa de interés del 3% o 6% anual. La sala III eligió ajustar las indemnizaciones con el índice RIPTE (que refleja los salarios de los trabajadores formales), más un 3% anual. La sala VIII, en cambio, aplicó el índice CER, que sigue la inflación.
En la práctica, todas las salas siguieron usando mecanismos que la Corte había desaconsejado. Algunas incluso declararon inconstitucional un artículo de la ley que impedía revalorizar deudas en dinero, para poder justificar estos métodos. Otras también citaron el DNU 70/2023, que permite actualizaciones más moderadas, pero como ese decreto está suspendido en su capítulo laboral, no lo pudieron aplicar directamente.
Aunque este desacuerdo entre la Corte y la Cámara ya lleva más de un año, hay un cambio clave: desde el fallo “Levinas”, todas las causas laborales que se resuelvan después del 27 de diciembre de 2024 no llegarán directamente a la Corte. Antes, deberán pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de ese nuevo paso, la decisión final sobre este tema tan delicado seguirá estando en manos de la Corte Suprema, que en alguno de los próximos acuerdos plenarios deberá fijar una postura definitiva. Se trata de una definición clave que impacta en miles de juicios laborales y en el equilibrio entre derechos de trabajadores y previsibilidad para empleadores.
FUENTE: INFOBAE.