La Cámara de Diputados avanzó en la recuperación de los haberes previsionales por el cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria que dispuso, mediante el DNU 274/2024, el presidente Javier Milei. La recuperación asciende al 8,1% en sus ingresos, llevando la jubilación mínima a $285.000.
La votación que dio media sanción al proyecto se aprobó con 160 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones. Ahora, pasará a la Cámara Alta donde los senadores deberán aprobar o devolver el proyecto con modificaciones a Diputados.
La decisión se tomó en una sesión especial solicitada por el radicalismo que preside Rodrigo de Loredo y el acompañamiento de los bloques de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López; e Innovación Federal, que encabeza la salteña Pamela Calletti, además de Unión por la Patria, de Germán Martínez; se pidió otra sesión especial que incluye el aumento del presupuesto para las Universidades y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Con el quorum asegurado empezó el debate: los diferentes proyectos coincidieron en algunos puntos centrales, como la recuperación de lo perdido por los jubilados durante la fuerte inflación de enero. El dictamen aprobado señala que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En ningún caso, la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un 50% de aumento en función de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor del año anterior.
Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicaría ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se haría con base en el último índice utilizado. De esta manera, también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero.
Una de las principales diferencias se relacionan con la instrucción a la Anses para la cancelación, por medio del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, de la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional; como así también con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino que cuenten con sentencia firme, dentro de un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley, que podrá ser prorrogado por otros seis meses.
Eso generó diferencias en el recinto entre los diferentes bloques. Es que esas diferencias ya estaban plasmadas en los dictámenes. El acuerdo se alcanzó con instruir a la Anses para la cancelación de las deudas mediante los recursos tributarios (porcentajes de los impuestos al cheque, País e IVA) que tienen Asignaciones Específicas, una masa coparticipable que le corresponde a Anses.
De esa manera se garantizan los recursos para enfrentar el pago de las sentencias firmes de deudas previsionales.
FUENTE: TN.