La administración nacional de Javier Milei anunció esta mañana su reforma migratoria, que comprende modificaciones en los requisitos sobre los cuales se otorga la ciudadanía argentina, la residencia en el país y se avala tanto el ingreso, la permanencia y la expulsión de una persona extranjera. De manera complementaria, dispone el arancelamiento a ciertos servicios públicos para residentes temporales, transitorios e irregulares.
La medida fue anunciada esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien estuvo acompañado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que tiene bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones, que es el organismo de aplicación clave para los requisitos que saldrán en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que posiblemente se firme este miércoles.
“Es un DNU porque hay un contexto que lo amerita”, justificó una fuente inobjetable de la Casa Rosada. Alegan que la Ley de Ciudadanía N.º 346 “hoy perdió sentido y precisa un readecuamiento para evitar abusos”. La última vez que se había intentado modificar fue en 2017, también a través de un DNU impulsado por Bullrich durante la administración de Mauricio Macri, el cual fue declarado inconstitucional por un fallo de la Justicia. Esta vez, aseguran, tomaron en cuenta planteos de aquella ocasión.
“Las nuevas formas de movilidad, la amplitud de nuestras fronteras se combinan con la nueva política migratoria de los Estados Unidos, por lo que tenemos que delimitar bien nuestra política”, dijeron desde la redacción de la -inminente- legislación. Hasta el mes pasado las expulsiones de la administración Trump se estimaba mayor a 100.000 personas extranjeras.
FUENTE: INFOBAE.