«Salario Básico Universal, es ahora», repiten las paredes empapeladas del centro porteño y los dirigentes de organizaciones sociales que ya comenzaron a presionar en las calles para ver si el calor de la protesta logra descongelar el debate en el Congreso. El reclamo se formalizó en mayo con la presentación de un proyecto de ley de diputados de Patria Grande, sin embargo, es la propia Cristina Fernández la que ahora ha agarrado la posta y ha decidido rencauzar la discusión desde el Senado. El objetivo es presentar una incitativa propia, diferente a la que lleva la firma de Itai Hagman pero acordada con las organizaciones sociales.
No tendrá el nombre de «salario universal», sino que será un «ingreso complementario» que tendrá como objetivo atacar la indigencia en un contexto de escalada inflacionaria – 64 por ciento la interanual, la más alta en 30 años – y de gran conflictividad social. Juliana Di Tullio, senadora muy cercana la vicepresidenta, es la dirigenta encargada de conversar con los distintos sectores que integran la coalición de modo de diseñar un proyecto consensuado que permita dar una respuesta a la crisis social.
Todavía no hay nada escrito, pero las negociaciones en el Senado para acordar un nuevo proyecto de ingreso universal comenzaron hace semanas. Si bien Di Tullio ya estaba trabajando en el tema desde mayo, el puntapié fue la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de Ensenada, cuando anunció que había llegado el momento de discutir «la necesidad de un ingreso universal básico». El comentario había sido un guiño a Patria Grande – que había recibido como una patada lo de acabar con la «tercierización» de las organizaciones con los planes sociales -, pero también un anticipo de la nueva estrategia de la vicepresidenta, que empezó a hacer propio el reclamo. En la práctica, además de las exigencias de tratar el tema (a Alberto Fernández y el resto del Frente de Todos), esta nueva bandera se tradujo en el objetivo de diseñar un proyecto propio.
El universo, entonces, es aún motivo de discusión. El monto, en cambio, es más factible que sea el mismo que propone el proyecto de Patria Grande: una Canasta Básica Alimentaria (que en mayo había sido de 14.400 pesos). El resto se irá definiendo a partir de las negociaciones que incluyen, además, a funcionarios del gobierno nacional. Ya hubo un acercamiento al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que tiene una mirada positiva general respecto a la iniciativa. Quedará para más adelante, sin embargo, la inevitable tarea de discutirlo con la ministra de Economía Silvina Batakis quien, como el presidente, ya ha advertido que «no dan las cuentas» para impulsar un Salario Básico Universal. Desde el kirchnerismo consideran que, de avanzar con un acuerdo transversal, el gobierno podría terminar sumándose.
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