El Poder Judicial de Corrientes puso en marcha la Red de Servicio Comunitario, un programa que busca fortalecer el sentido restaurativo de la pena mediante la participación de instituciones públicas y privadas en el acompañamiento de personas condenadas por delitos menores. La iniciativa promueve el cumplimiento de reglas de conducta y tareas comunitarias como una alternativa a las penas privativas de libertad de corta duración.
Coordinado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Alberto Chaín, el programa propone una mirada moderna de la justicia, orientada no solo a sancionar, sino también a favorecer la reparación del daño, la reconstrucción de vínculos sociales y la reinserción de quienes cumplen condenas en libertad.
«Fuimos pensando alternativas para dar respuestas concretas a distintos problemas vinculados con el cumplimiento de las penas. Hay una demanda social para que las sanciones sean rigurosas, pero también debemos cumplir con la finalidad que tiene la pena dentro de un Estado de Derecho», explicó Chaín.
El magistrado señaló que el proyecto apunta especialmente a los casos contemplados por el Código Penal en los que la ley permite que determinadas condenas sean cumplidas bajo reglas de conducta, evitando el encarcelamiento cuando las características del delito y la legislación vigente así lo permiten.
«La idea es integrar a organizaciones no gubernamentales, parroquias, clubes e instituciones intermedias para que colaboren en el control del cumplimiento de esas reglas o en el acompañamiento de las personas condenadas, ya sea facilitando tratamientos psicológicos u otras acciones de apoyo comunitario», indicó.
Desde el Poder Judicial sostienen que esta modalidad cuenta con respaldo científico y criminológico, ya que diversos estudios concluyen que las penas privativas de libertad de corta duración suelen generar más efectos negativos que beneficios, tanto para la persona condenada como para la sociedad.
«No tiene sentido encarcelar a una persona durante seis meses cuando ese tiempo tampoco permite al Servicio Penitenciario desarrollar un verdadero proceso de rehabilitación. Necesitamos que quienes recuperen la libertad hayan adquirido herramientas para convivir pacíficamente en comunidad», afirmó el ministro.
Además del objetivo de favorecer la reinserción social, el programa también busca generar un beneficio para las instituciones participantes, que podrán contar con colaboradores ad honorem para realizar tareas comunitarias vinculadas con actividades sociales, educativas, culturales o de mantenimiento de espacios comunes.
Chaín destacó además que la iniciativa contribuirá a disminuir la sobrepoblación en las unidades penales y a optimizar el uso de los recursos públicos.
«Las penas en Argentina son temporales y, tarde o temprano, la persona recupera la libertad. Por una cuestión de utilidad para toda la sociedad, necesitamos que durante ese proceso logre incorporar hábitos y habilidades que favorezcan una convivencia respetuosa», sostuvo.
Como parte de la implementación del programa, el Poder Judicial habilitó un espacio específico para que las instituciones interesadas puedan adherirse a la Red de Servicio Comunitario, conocer el funcionamiento del sistema y participar de futuras instancias de capacitación y reconocimiento institucional.
La inscripción se encuentra disponible a través del sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes, donde también puede consultarse toda la información sobre el funcionamiento del programa y los requisitos para integrar la red.