En plena controversia por la aparición de intermediarios que les cobran a empresas a cambio de obtener del Gobierno la autorización para importar al dólar oficial, la Justicia hizo hoy lugar a una medida cautelar presentada por una pyme que pide no ser excluida del sistema de importaciones. Se trata de la primera decisión contra la resolución 7271, norma conjunta de la AFIP y la Secretaría de Comercio que, por iniciativa del ministro de Economía, Sergio Massa, modificó en octubre el esquema de permisos para operar.
La jueza María Alejandra Biotti, a cargo del juzgado contencioso administrativo N° 5, atendió de esta manera al planteo de inconstitucionalidad de Todo bujes, una fabricante de repuestos para autos instalada en Avellaneda que se había presentado en la Justicia para reclamar que la nueva modalidad le ocasionaba “daños”, “perjuicios”, “desabastecimiento”, cesación de pagos, riesgo de incumplir con contratos internacionales y un “bloqueo arbitrario” para iniciar trámites de importación.
La resolución 7211 fue el modo que encontró en octubre el Gobierno para frenar la enorme cantidad de medidas cautelares a través de las cuales las empresas obtenían dólares al valor oficial a pesar del cepo. Según registros de la Aduana, se llegó a acumular en octubre pasado un stock de 2521,8 millones de dólares por esta vía.
La medida que ideó Massa dispuso entonces en su artículo 7°, inciso b, que la AFIP estuviera facultada a bloquearles el CUIL para el acceso a divisas a quienes hubieran ido a la Justicia. “Prácticas abusivas en proceso de investigación en la interposición de medidas administrativas o judiciales con relación a las operaciones”, las define el texto, y esa sola cláusula atenuó de manera drástica la cantidad de cautelares: en febrero, según la Aduana, el stock había caído a 23,5 millones, un 1% de los registros de octubre. Desde entonces, cualquier operador que, luego de haber ido a la Justicia, se mete en el sistema para importar, recibe en la pantalla este mensaje: “Importador monitoreado por presunto uso abusivo de cautelares”.
FUENTE: LA NACIÓN.