El fiscal Ramón Muth explicó en RADIO BELLA VISTA cómo funciona la legislación argentina frente al grooming, un delito que contempla el contacto de una persona adulta con un menor de edad a través de medios tecnológicos, con la finalidad de cometer un delito contra su integridad sexual.
Durante la entrevista, el funcionario judicial señaló que esta conducta fue incorporada al Código Penal argentino en 2013 y aclaró que no es necesario que se concrete otro delito contra la integridad sexual para que exista grooming. El contacto con esa finalidad ya constituye una conducta penalmente sancionada.
Muth precisó que el delito contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión, aunque advirtió que estas pueden ser mayores cuando se comprueba la comisión de otros delitos.
En relación con la situación local, el fiscal indicó que, durante sus dos años de trabajo en Bella Vista, intervino en un caso de grooming que actualmente se encuentra próximo a la etapa de juicio. También señaló que reciben reportes de la organización estadounidense NCMEC, vinculados con posibles delitos de explotación sexual infantil detectados en entornos digitales.
Asimismo, explicó que Corrientes no cuenta con una fiscalía especializada en ciberdelitos, aunque los fiscales reciben capacitación y trabajan con organismos especializados y empresas tecnológicas para obtener información necesaria durante las investigaciones.
Uno de los aspectos que destacó fue la utilización de perfiles falsos en redes sociales y plataformas de videojuegos, donde personas adultas pueden hacerse pasar por menores de edad para establecer contacto con niños y adolescentes.
Según explicó, estas situaciones pueden derivar en amenazas y chantajes, por lo que consideró fundamental que las familias conozcan los riesgos y mantengan una comunicación abierta con sus hijos.
En ese sentido, Muth remarcó que muchas víctimas sienten vergüenza o temor de contar lo sucedido, lo que puede dificultar la detección y denuncia de estos hechos.
Por este motivo, recomendó a los adultos responsables escuchar, contener y generar un espacio de confianza, evitando responsabilizar al menor por la situación. También destacó la importancia de conservar los mensajes y dispositivos que puedan aportar pruebas a una investigación judicial.
Finalmente, el fiscal insistió en la necesidad de denunciar estas situaciones y fortalecer la prevención mediante el acompañamiento familiar y la educación sobre el uso seguro de las tecnologías.
La legislación argentina contempla el grooming como un delito específico, por lo que no es necesario esperar a que se produzca una agresión física para acudir a la Justicia.