El Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes realizó la presentación formal de la querella que acompaña al Legajo de Investigación Fiscal 15499/01 en el que se investiga la muerte dudosa de C.F. en el hogar María de Nazareth, de Gobernador Virasoro. «Hay otros delitos que hacen a la actividad del comité, en cuanto a la tortura, incumplimiento de deberes de funcionarios, facilitación de la corrupción de menores. Hay indicadores que está situación conexa este hecho que aparece en otra investigación; pedimos la detención de la única imputada en la Unidad Penal N° 3 Instituto Pelletier de la ciudad de Corrientes», dijo el secretario de la entidad,Jorge Isetta, en HACETE CARGO.
En este sentido, Isetta sostuvo la postura del comité en la que plantean un reanálisis del caso ya que consideran que algunos elementos en la investigación son confusos. El organismo solicitó en la presentación la detención domiciliaria de Sonia Prystupczuk por considerar «irrisorio» el hecho de que no haya lugar en la comisaría de mujeres. «El argumento de que no hay lugar en la comisaría nos parece irrisorio. Estamos convencidos de que no hubo ahorcamiento por suspensión. ¿Cuál fue la mecánica de la muerte de Claudio?, Para eso esperaremos un informe ampliatorios que se realizará con peritos de parte; esto posibilitará que el examen pueda ser complementado y fortalecería nuestra presunción sobre el homicidio», explicó.
Por otro lado, apuntó a la asistencia del Estado provincial en este tipo de hogares. «Esto también abona a nuestra teoría a que se investigue el presunto suicidio, no nos cierra la maniobra de ahorcamiento por suspensión. Hay muchas preguntas que hay que hacerse e investigar las causas de muerte del menor. Lo que nos preocupa es que se produce bajo la custodia del Estado, la historia de esta familia es conmovedora porque los 7 chicos estuvieron institucionalizados. ¿Qué hizo el Estado para que esta situación terminara? Es inconcebible el plazo del código, pasaron 7 años con todos los padecimientos que relataron. Realmente el Estado tiene que hacer un mea culpa y modificar la situación», apuntó.