El grupo español Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, presentó esta semana una demanda contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial. Lo hizo ante el intento del Gobierno de anular la renegociación de contratos pactada en 2018.
Ante ese tribunal, hay juicios contra la Argentina por US$3840 millones. Eso incluye a aquellos de beneficiarios de fallos que aún no han cobrado, otros que están en litigio y sin resolución y otros que están negociando el pago, explicó el analista Sebastián Maril.
El grupo español considera que la Argentina violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y la Argentina de 1991. Es la primera de una empresa a cargo de concesiones que llega a ese tribunal internacional desde 2019 y reactiva el interés por una sigla que había dejado de estar en el día a día de la mayoría de los argentinos en años.
Además del de Abertis, en el Ciadi, la Argentina tiene otros siete juicios en curso: el más antiguo data de 2002, de AES Corporation. Además, a principios de agosto un gran desarrollador inmobiliario, con inversiones en Buenos Aires por más de US$50 millones, presentó una demanda contra el país por violación del tratado bilateral de inversiones Estados Unidos-Argentina también de 1991.
La principal accionista de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), presentó la demanda luego de que el gobierno de Alberto Fernández declaró nulos los contratos por los que, en 2018, se había renegociado la concesión de ambos corredores y que le daban 10 años más de vigencia (hasta 2030).
En septiembre de 2022, el argumento oficial fue que la dolarización de las tarifas de los peajes de ambas autopistas le generaron un daño de US$2000 millones al Estado nacional y a los usuarios. Poco después, las concesionarias recurrieron de emergencia a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), donde reclamaron por la validez del contrato y una condena para cumplir y pagar deudas acumuladas.
Hacia fines de octubre, el árbitro de la CCI hizo lugar al pedido y le ordenó al Gobierno desistir en sus pretensiones de anular el contrato renegociado. La decisión fue notificada al Gobierno, que realizó una presentación a fines de ese año -considerada “extemporánea” por Abertis- en la que pedía que las actuaciones arbitrales y planteaba objeciones al árbitro designado, según informó el diario español El País.
Un mes después, el grupo español intentó negociar con el Gobierno una salida al conflicto. Le envió una carta a Presidencia, con copias al Ministerio de Economía, Obras Públicas y Cancillería en lo que dio inicio a un proceso para alcanzar un acuerdo que no tuvo resultados y derivó finalmente en la presentación ante el Ciadi.
FUENTE: TN.