La jueza Mirta Aguirrí confirmó que la mujer imputada en la causa por el violento ataque al vecino Cleto Lattar, de 86 años, continuará privada de su libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario, una medida que fue resuelta durante los primeros días de julio en una audiencia pública en la que participaron el fiscal de Investigaciones Sergio Fleita, las abogadas querellantes, el defensor de la imputada y la propia acusada.
La magistrada explicó que la defensa solicitó el cambio de modalidad de detención al considerar que la prisión preventiva que la mujer cumplía en la Comisaría de la Mujer, el Menor y Asuntos Juveniles resultaba especialmente gravosa debido a una compleja situación familiar. El pedido consistía en que la imputada continuara privada de su libertad, pero en su domicilio.
Tanto el fiscal como la querella se opusieron a la solicitud. Sin embargo, tras analizar los planteos de todas las partes, Aguirrí resolvió hacer lugar al pedido de la defensa.
«La imputada continúa privada de su libertad, pero en su domicilio, bajo la vigilancia de una persona responsable y con controles periódicos de la autoridad policial, que verifica en distintos días y horarios el cumplimiento de la medida», explicó la jueza.
Cambio de calificación
Uno de los aspectos centrales que motivó la decisión judicial fue el cambio en la calificación legal del hecho durante el avance de la investigación.
Inicialmente, la causa estaba caratulada como robo calificado por el uso de arma, un delito cuya escala penal va de 5 a 15 años de prisión. Sin embargo, el fiscal modificó la imputación a robo simple, cuya pena prevista oscila entre 1 mes y 6 años de prisión.
Según explicó Aguirrí, este cambio incide directamente al momento de evaluar la medida de coerción.
«La pena que eventualmente podría imponerse en caso de una condena varió sustancialmente y eso debe ser considerado al analizar la prisión preventiva», señaló.
La jueza indicó además que la investigación penal preparatoria tiene un plazo máximo de un año y que la imputada ya llevaba aproximadamente seis meses detenida.
Si bien consideró que, por la violencia del hecho y las lesiones sufridas por la víctima, una eventual condena difícilmente se ubicara en el mínimo de la escala penal, sostuvo que el tiempo ya cumplido en prisión preventiva también fue un elemento relevante al momento de resolver.
La situación familiar
Aguirrí aclaró que el arresto domiciliario no constituye un beneficio, sino una modalidad distinta de cumplimiento de la privación de libertad.
Durante la audiencia también intervino la asesora de menores, ya que la imputada tiene una hija menor de edad. La magistrada explicó que la niña se encontraba al cuidado de su abuelo, quien manifestó no poder continuar haciéndose cargo en forma exclusiva debido a sus obligaciones laborales.
Esa situación familiar fue uno de los elementos considerados para autorizar que la mujer permaneciera detenida en su vivienda.
La investigación continúa
Consultada sobre la situación procesal de la pareja de la imputada, Aguirrí aclaró que no dictó su sobreseimiento, ya que esa medida no fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Explicó que fue el propio fiscal quien informó en audiencia que, hasta el momento, no existían elementos suficientes para sostener su vinculación con el proceso penal, por lo que la investigación continúa respecto de la mujer imputada.
Respecto al cambio de calificación, la jueza indicó que fue una decisión adoptada por la Fiscalía tras considerar que los elementos reunidos durante la investigación no permitían acreditar el uso de un arma durante el robo. Además, las lesiones sufridas por la víctima quedaron encuadradas como lesiones leves, por lo que dejaron de funcionar como agravante del delito.
No obstante, Aguirrí aclaró que las razones específicas que llevaron a esa modificación deberán ser explicadas por el fiscal a cargo de la investigación.
Controles y posibles incumplimientos
La magistrada remarcó que el arresto domiciliario cuenta con controles policiales permanentes y advirtió que, si se detecta algún incumplimiento de las condiciones impuestas, la consecuencia inmediata será el regreso de la imputada a una dependencia policial para continuar allí su prisión preventiva.
Un ataque que conmocionó a la comunidad
El hecho investigado ocurrió en diciembre de 2025, cuando desconocidos irrumpieron violentamente en la vivienda de Cleto Lattar, de 86 años.
Según denunciaron sus hijas, Mariana y Rosa Lattar, los agresores destruyeron la reja y la puerta de ingreso y luego sometieron al adulto mayor a una brutal golpiza.
De acuerdo con el relato de la familia, la víctima sufrió heridas cortopunzantes en el rostro y el pecho, golpes en la cabeza, maniobras de ahorcamiento y le taparon la boca y la nariz para impedir que pidiera ayuda.
«Hubo una saña tremenda. Para nosotros claramente intentaron matarlo», manifestó Mariana Lattar, quien recordó además que su padre presenta una condición de extrema vulnerabilidad, ya que es ciego de un ojo y se encontraba bajo tratamiento por un desprendimiento de retina en el otro.
Los familiares solicitaron formalmente que la causa sea recalificada como tentativa de homicidio en ocasión de robo, al considerar que la violencia ejercida excede ampliamente la figura de un robo común.
Según indicaron, fueron los vecinos quienes alertaron sobre lo ocurrido tras escuchar los destrozos provocados para ingresar a la vivienda. Al entrar encontraron un reguero de sangre que se extendía desde la entrada hasta la cocina.