A dos meses de la promesa de impulsar un nuevo proyecto para reemplazar la ley de Alquileres, el Gobierno convocó a las primeras reuniones con la intención de buscar un punto en común entre inquilinos y propietarios. La semana pasada, el secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti mantuvo una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina en la que aseguró que la situación de los inquilinos es “muy precaria” y convocó a una mesa de trabajo con todas las partes para facilitar un principio de acuerdo. Lo propio había hecho antes con la Asociación de Inquilinos. Por ahora predominan las diferencias.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, se mostró crítico con respecto a los proyectos que proponen “que no haya índices para actualizar el precio de los alquileres y acortar el tiempo entre ajustes inflacionarios”, porque considera que le quitaría previsibilidad a los acuerdos.
A su entender, la insistencia en modificar la ley es producto del “lobby inmobiliario”, pero que “ninguna modificación va a ser para mejorar la situación de los inquilinos”.
El objetivo con el que se promovió la ley fue para “proteger al inquilino de condiciones abusivas”, y para ello se modificaron diferentes artículos del Código Civil y Comercial correspondientes al alquiler de viviendas. Entre los cambios destacan la extensión de la duración de los contratos a tres años; la necesidad de registrarlos obligatoriamente en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y la elaboración de un índice de actualización anual conformado en igual medida por el IPC y el RIPTE, elaborado por el BCRA cada mes.
Una de las principales críticas de las inmobiliarias reside en que las modificaciones estipulan un precio fijo durante tres años que solo puede aumentar una vez al año, lo que se traduce en una perdida de rentabilidad para los propietarios. Mientras que los inquilinos ven esto como algo positivo por la capacidad de prever su economía.
A través de la ley 27.551 en 2020 se aprobó la llamada “ley de alquileres”, que tan solo un año después sería cuestionada y se debatiría la posibilidad de derogarla. En noviembre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa aseguró que la ley “fracasó” y prometió que el Gobierno trabajaría en una nueva ley que tenga en cuenta los pedidos de ambas partes. El debate se suspendió por un plazo de 180 días hasta que se elabore una nueva norma. Pero transcurridos más de 60, no hay muchas novedades y el proyecto para una nueva ley tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de febrero.
FUENTE: «LA NACIÓN».