Marcela Kirscovich, referente vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad, habló en HACETE CARGO y expresó su preocupación por el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que propone modificaciones en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Además, criticó las demoras en los pagos a prestadores y cuestionó recientes denuncias de presuntas irregularidades en el organismo.
Kirscovich sostuvo que el contexto actual del sector es “crítico” y advirtió que la iniciativa legislativa impulsada por el Ministerio de Salud representaría un retroceso en los derechos garantizados por la Ley 24.901, norma que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Según explicó, uno de los principales puntos del proyecto es la eliminación del nomenclador nacional, mecanismo que fija valores uniformes para las prestaciones en todo el país. “Si eso desaparece, cada obra social podría establecer cuánto paga y la diferencia la tendría que afrontar la familia”, señaló.
La referente consideró que esta modificación pondría en riesgo el acceso equitativo a terapias y tratamientos, ya que los costos adicionales podrían resultar inaccesibles para muchas familias.
También manifestó su preocupación por la propuesta de reempadronar las pensiones no contributivas, al considerar que podrían generarse perjuicios para personas con discapacidad que dependen de ese ingreso para afrontar gastos básicos.
Kirscovich recordó que actualmente una pensión ronda los 310 mil pesos, a lo que se suman unos 70 mil pesos del programa alimentario, montos que calificó como insuficientes frente al costo de vida y a las necesidades médicas y terapéuticas.
En relación con los pagos a prestadores, afirmó que aún se adeudan las prestaciones correspondientes a enero, febrero y marzo de este año en distintos programas, entre ellos Incluir Salud.
“Presenté cerca de 500 expedientes y solamente se pagaron entre 50 y 60”, aseguró.
Kirscovich también se refirió a las recientes denuncias públicas sobre supuestas irregularidades y sobreprecios en la compra de insumos para discapacidad, como sillas de ruedas y válvulas, y consideró que se trata de una situación “vergonzosa”, especialmente en un contexto en el que se argumenta falta de recursos para sostener las prestaciones.
Finalmente, remarcó que las decisiones sobre discapacidad deben tomarse con la participación de quienes trabajan diariamente con el sector y conocen de cerca las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.