El ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López Desimoni, habló en RADIO BELLA VISTA sobre la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y explicó cómo se implementará en la provincia. Señaló que Corrientes cuenta con las herramientas institucionales necesarias, entre ellas un Centro de Contención Juvenil y una ley procesal penal específica para adolescentes.
López Desimoni explicó que el nuevo Régimen Penal Juvenil es una ley nacional sancionada por el Congreso y, al tratarse de una norma de fondo, tiene vigencia en todo el territorio argentino. En ese sentido, sostuvo que cada provincia debe instrumentar su aplicación de acuerdo con sus propias estructuras y procedimientos.
Uno de los principales cambios que incorpora la normativa es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El ministro señaló que, a partir de esa edad, un adolescente que cometa una conducta tipificada como delito en el Código Penal puede ser considerado responsable y quedar sujeto a las consecuencias previstas por la legislación.
Sin embargo, remarcó que el régimen para adolescentes se diferencia del sistema penal de adultos y debe respetar condiciones y estándares establecidos por la Constitución Nacional, las leyes y los tratados internacionales. Entre otros aspectos, indicó que los menores en conflicto con la ley penal no pueden ser alojados en cárceles o establecimientos penitenciarios destinados a adultos.
En el caso de Corrientes, destacó que la provincia cuenta con un Centro de Contención Juvenil, institución que fue recorrida recientemente junto al Superior Tribunal de Justicia y jueces de familia. Según explicó, el establecimiento requiere algunas reformas mínimas para adecuarse a las exigencias del nuevo régimen, pero constituye el ámbito donde eventualmente podrían cumplirse penas privativas de libertad cuando así lo dispongan los jueces.
El funcionario remarcó que la finalidad de la normativa no es exclusivamente punitiva, sino también socioeducativa. En ese marco, explicó que deberán intervenir supervisores y organismos como el Ministerio de Educación para garantizar que los adolescentes que eventualmente cumplan una pena puedan continuar sus estudios y procesos de formación.
«La finalidad es recuperar un adolescente que ha cometido un delito o que ha tenido una conducta que esté tipificada en alguno de los delitos del Código Penal, pueda reinsertarse en un futuro una vez cumplida la sanción que se establezca, también recuperarlo como persona», sostuvo López Desimoni.
El ministro también consideró necesario trabajar en la prevención y concientización de los jóvenes y sus familias. Señaló que determinadas conductas que anteriormente podían ser consideradas «una travesura» pueden tener consecuencias penales a partir de los 14 años, y mencionó como ejemplos las agresiones físicas, la portación de armas en una escuela, la difusión de determinadas imágenes y situaciones de grooming.
En ese sentido, indicó que mantuvo una reunión con la ministra de Educación para avanzar en capacitaciones en las escuelas, con el objetivo de explicar a los estudiantes cuáles son las consecuencias que puede tener una conducta delictiva y promover una mayor conciencia sobre la responsabilidad ciudadana.
Corrientes cuenta con herramientas para aplicar el nuevo régimen
Al ser consultado sobre si la provincia está preparada para implementar la nueva normativa, López Desimoni sostuvo que Corrientes cuenta con condiciones favorables en comparación con otras jurisdicciones.
«Corrientes tiene incluso muchas mejores condiciones que varias provincias de la Argentina, porque precisamente cuenta con un Centro de Contención Juvenil. Y también contamos con una ley procesal penal juvenil», afirmó.
El ministro recordó que la provincia aprobó aproximadamente un año atrás su propia ley procesal penal juvenil, que establece las reglas específicas para llevar adelante los procesos judiciales que involucren a adolescentes y que se diferencia del Código Procesal Penal destinado a adultos.
Además, explicó que el nuevo régimen contempla distintas alternativas y que no todos los casos derivarán en el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Entre las herramientas previstas mencionó desde amonestaciones y tareas comunitarias hasta mecanismos como el juicio abreviado o criterios de oportunidad, que pueden permitir acuerdos con las víctimas para establecer determinados resarcimientos cuando se trate de delitos de menor gravedad.
Por ese motivo, rechazó la idea de que la implementación del régimen implique necesariamente un incremento de adolescentes privados de su libertad. «Hay un montón de herramientas. No es esto solamente que se va a llenar de adolescentes el centro de contención», señaló.
Los adolescentes no podrán permanecer en comisarías
Respecto de la posibilidad de que los adolescentes permanezcan preventivamente alojados en comisarías, López Desimoni fue categórico al señalar que esa alternativa no está contemplada por la normativa.
«Eso es lo que la ley no permite y eso son incluso estándares internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional», explicó.
En relación con una medida judicial adoptada en la provincia de Buenos Aires que generó debate sobre la aplicación del régimen, el ministro consideró que ese antecedente responde a la realidad particular de aquella jurisdicción y que no puede trasladarse directamente al caso correntino.
«No tiene que ver con la implementación en la provincia de Corrientes. No tiene nada que ver y no hay que tomar ese antecedente porque no es nuestra realidad», manifestó.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de que un juez pueda suspender una ley nacional y sostuvo que, a su entender, un magistrado podría eventualmente declarar su inconstitucionalidad, pero no suspender una norma sancionada por el Congreso.
Finalmente, ante la consulta sobre un eventual desborde del sistema por falta de infraestructura o una sobrecarga de trabajo para los jueces, López Desimoni señaló que no recibió planteos en ese sentido. El ministro indicó que mantuvo reuniones con los jueces de familia, quienes tendrán intervención en la aplicación del régimen, y sostuvo que la provincia deberá avanzar en la implementación utilizando las herramientas disponibles y realizando las adecuaciones que sean necesarias.