Luego de un 2021 movilizado por la polémica ocupación del predio Ex Tiro Federal, vuelve a instalarse el debate y en esta oportunidad de carácter judicial para solicitar el desalojo de la Fundación Chamigo Porá. El asesor legal del municipio, Héctor Ortigueira, habló en PRIMERA MAÑANA ante el agotamiento de instancias en búsqueda de dar solución pacífica al conflicto. “Desde el año pasado que se conoce la ocupación el predio de parte de Chamigo Porá. Eso fue motivo de notas, hemos hecho un esfuerzo importante desde el Estado, incluso el Concejo Deliberante estuvo trabajando intensamente. El resultado sigue siendo negativo ante la solicitud por eso estamos tomando otras determinaciones”, indicó.
Iniciada la gestión de la intendente Noelia Bazzi, el equipo debió presentar un informe detallado de la situación actual del terreno, el cual se encuentra en manos de la organización que ya tuvo varias idas y vueltas con el municipio, muchas de ellas mediáticas. “Tuvimos que hacer una especie de informe a la intendente municipal porque esto sucedió cuando estaba en la gestión el escribano Walter Chavez. Se informó de la situación a esta entidad y también que se habían agotado todas las instancias, por eso comenzamos en vía judicial. En su momento, siempre fue la idea que esta organización no esté en el lugar por su ocupación ilegítima”, comentó el abogado.
“Hicimos un esfuerzo importante porque dimos propuestas para que continúen realizando su actividad laboral en otro lugar. Se elevó el contenido de las notas que presentaron al Concejo, incluso se negaron a presentarse a firmar el convenio. Esto es de público conocimiento. Si la fundación en alguna situación quisiera volver a solucionar la cuestión, el municipio está abierto a eso pero por el momento estamos protegiendo el patrimonio del Estado”, resaltó Ortigueira sobre los inconvenientes surgidos en el último tiempo. Cabe recordar que el predio fue destinado a la Asociación Civil Fútbol de Veteranos para el establecimiento de su oficina.
Además, precisó que la actuación legal podría estar rezagada debido a la solicitud de testimonios y análisis del caso. “El Estado tenía mucha voluntad. Acudiremos a la justicia para que dé el diálogo final. Existen actas de las reuniones, que fueron muchas con varios referentes de la fundación pero en ninguna pudimos llegar a una solución. Hoy por hoy, el lugar está cerrado. Probablemente demorará un poco más la situación porque no podemos actuar arbitrariamente. Quizás la jurisdicción nos otorgue el derecho a recuperar el inmueble”, explicó.