La semana pasada, se reavivó la polémica por el conflicto entre el Estado municipal y la Fundación Chamigo Porá con las declaraciones del asesor legal del municipio, Héctor Ortiguera en el que anunció la vía judicial como forma de solicitud para el desalojo del playón detrás del Ex Tiro Federal. Según Ortigueira, las instancias de diálogo se agotaron; sin embargo, Pablo Altamirano, el referente de la ONG, expresó a RADIO BELLA VISTA que aún podrían consensuar sobre la actividad en el predio. «Lo más importante que tengo para decir es que hace seis años que no consumo alcohol y es un mensaje de esperanza para muchas familias. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que ante una instancia judicial ganamos, así como también e la justicia divina. Sabemos que las cosas hicimos bien. Hubiese sido bueno que el concejal que pidió la nota, que es Esteban Denegri, hubiera pedido un informe. Nos parece extraño porque nos había facilitado la personería jurídica y ahora está en contra del trabajo de prevención de consumos problemáticos que nosotros hacemos», dijo.
Las actividades dentro del predio estaban destinadas a ser temporales, según la habilitación del municipio; en tanto los miembros de la fundación habían presentado numerosas notas que según manifestaron, no fueron tratadas en los poderes legislativo y ejecutivo. «Nosotros tenemos entendido, que él dijo en una nota a este medio que habían pedido un informe al asesor legal, ahora le consultamos qué pasaron con todas esas notas que presentamos. A nosotros nos hacen una ordenanza para que ocupemos el predio, enviamos una nota en 2019 diciendo que íbamos a construir y eso pasó a comisión. Construimos porque teníamos la necesidad de hacerlo. Estaría bueno que Denegri pida un informe sobre mayo de 2013, cuando en la gestión de Nancy Sand firmó un convenio de construcción de una casa de día en este lugar», comentó.
Durante la entrevista con el móvil de exteriores, se produjo un intercambio tenso en el que Altamirano sostuvo con firmeza que la justicia determinará lo legítimo de las actividades y la construcción para llevar adelante la prevención de consumos problemáticos. «¿Dónde dice que es una toma de terrenos? Cuando uno habla de usurpación, habla de delito y eso no lo hacemos nosotros. No es así, no ocupamos terreno. Nosotros trabajamos una problemática socio-cultural. Presentamos más de 100 notas. Teníamos la necesidad de tener un espacio físico. Comenzamos a utilizar el predio que no se utilizaba desde hace 20 años. Se le daba un mal uso a este lugar y no estaba delimitado. No firmamos el contrato porque decía que teníamos que tener un seguro para eventos y como no contábamos con recursos, no lo hicimos. Se puede seguir dialogando», resaltó.
En tal sentido, apuntó a las críticas de la comunidad en las redes sociales e instó a los funcionarios locales que se acerquen a vivenciar la actividad en conjunta con los miembros. «Nosotros tenemos una ordenanza que nos autoriza. Me están acusando de un delito, esto lo determinará la justicia. Esto es un predio nacional. ¿Cómo se comprueba el delito? Nosotros enviamos notas a la intendencia y al Concejo Deliberante. Ahora que la intendencia cambió, las cosas también. Pienso que Noelia Bazzi nos recibirá porque hay mucha gente que la apoyó acá en la zona. El predio por calle Alvear se sigue utilizando y es el lugar de una vecina, nosotros le habíamos dicho que construiríamos. Yo apunto a Esteban Denegri porque acusa y ni siquiera se acerca a ver la actividad», señaló Altamirano y agregó: «Dialogar con el político es negociar, hay veces que conviene y otras que no. Se debe seguir dialogando hasta llegar a un consenso. Nuestras puertas están abiertas para dialogar. Queremos que los funcionarios se acerquen y vean la actividad. Hay cosas que no voy a aclarar porque no está bien, pero si la justicia lo solicita presentaré pruebas para mostrar todo lo malo que se hacía en el predio. Estamos seguros que la justicia nos dará la razón y no solo la del hombre sino también la de Dios».
Mientras la vía judicial avanza, ambas partes dejaron explícito su deseo de consensuar, pero lo cierto es que la polémica ya se instaló no solo en vox pópuli sino también en las redes sociales donde el conflicto toma otras dimensiones, como acusaciones y críticas a funcionarios del cuerpo deliberativo local. Altamirano afirmó el tratamiento de algunas notas, pero señaló irregularidades en las mismas lo que lleva a rebotar el ciclo de los entredichos.