En el “ajuste más grande de la historia” implementado por el gobierno nacional de Javier Milei, el sector de la discapacidad figura entre los más relegados, con prestaciones desfinanciadas y prestadores al borde de la quiebra. Frente a esta situación, organizaciones de personas con discapacidad, familias y prestadores de todo el país convocaron a una marcha este lunes en la Plaza de Mayo, para exigir el pleno cumplimiento de las leyes nacionales de discapacidad: la Ley 22.431 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas).
El recorte de fondos y la desarticulación de políticas inclusivas han profundizado la crisis en el sector: prestaciones impagas, trasladadas al “tesoro” y adjudicadas a convenios que no cubren costos reales. El personal de salud, los transportistas especializados y los profesionales que atienden a personas con discapacidad acumulan “meses de demora en los pagos” y denuncian “despidos masivos” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis).
Según denuncian desde distintas provincias, la situación constituye una emergencia nacional que golpea no solo a los usuarios, sino también a más de mil prestadores que vieron caer sus ingresos y afrontar costos operativos crecientes.
Marcela Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), advierte sobre el abandono estatal y la “falta de gestión” en políticas de inclusión: “En la última reunión planteamos problemas como las bajas de Incluir Salud y la falta de presupuesto. Convocamos a una movilización nacional porque lo que está en juego es la Ley 24.901 y las prestaciones básicas”.
Kriskovich alerta sobre el impacto directo en las familias: “Una mamá o un papá que necesite transporte se encuentra con barreras. Detrás de los números hay personas con nombres y sueños. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Sorteamos cuentas. Tengo miedo de las decisiones del presidente. Debemos seguir juntos en esta lucha”, dijo en RADIO BELLA VISTA.