El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA evaluó el alcance de las ayudas económicas, tanto preexistentes como adicionales en el marco del covid-19, en materia de protección social dirigidas a poblaciones que fueron especialmente afectadas por la parálisis económica que impusieron las políticas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Esa novedad, junto con los programas sociales de empleo y transferencia de ingresos existentes con anterioridad a la crisis sanitaria, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y bonos extraordinarios o refuerzos a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH-AUE.) y Tarjeta Alimentar, fueron estimados por el ODSA en el equivalente a 18 puntos porcentuales, en términos de la tasa de indigencia de la población del conjunto de aglomerados urbanos.
Cabe recordar que si bien el IFE abarcó a poco más de 9 millones de personas, su efecto se diluyó porque la anunciada asistencia mensual se transformó en un aporte del Gobierno nacional con liquidación bimestral por parte de la Anses.
El análisis incluye el alcance de la asistencia alimentaria directa a través de comedores no escolares y/o entrega de bolsones o cajas de comida, en tanto no contempla los efectos de las medidas de protección laboral, los programas de créditos y/o las ayudas directas a las empresas y trabajadores privados para el pago de las remuneraciones en sectores críticos (ATP).
El aporte de cada programa
Así, el ODSA estimó que la población en estado de indigencia en el cuatrimestre julio a octubre fue de 10,1% de la población, pero “subiría a 11,6% sin el Plan Alimentar, a 18,3% sin IFE, a 20,2% en el Plan Alimentar e IFE juntos; y en total sin asistencia de otros programas incluso el efecto del aumento de la AUH saltaría a 28%, y en Pobreza a 53,1% de los habitantes.
FUENTE: «INFOBAE».
