La piratería, una de las actividades ilícitas más frecuentes siglos atrás, vuelve a presentarse como una de las principales amenazas en los océanos de todo el mundo a través de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Las consecuencias son alarmantes: además del daño al ecosistema, las pérdidas económicas se cuentan por miles de millones, y se producen diversas violaciones a los derechos humanos producto de esta actividad criminal.
Según The Economist, la pesca ilegal representa entre el 20 y el 50% de las capturas a nivel mundial, siendo las ricas aguas de los océanos Índico y Pacífico las más afectadas.
Esta actividad ilícita se desarrolla a partir de un amplio abanico de acciones. “La pesca INDNR existe en todos los tipos y dimensiones de la pesca, ocurre tanto en alta mar como en zonas bajo jurisdicción nacional, afecta a todos los aspectos y etapas de la captura y utilización del pescado y, en ocasiones, puede estar asociada con la delincuencia organizada”, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
El organismo detalla que, en ocasiones, la pesca ilegal es realizada “por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste o contraviniendo su legislación”. En ese sentido, China representa el mayor depredador a nivel mundial. En los últimos tiempos encendió las alarmas del continente americano, donde países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina, entre otros, vieron crecer la amenaza de los buques pesqueros del régimen chino.
Estados Unidos, que ha expresado su preocupación “por las prácticas pesqueras de China”, afirmó en noviembre de este año que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ha sustituido a la piratería como principal amenaza para la seguridad marítima mundial”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) afirma que los países son responsables de sus barcos y de asegurarse de que cumplan las leyes nacionales e internacionales. También conocida como la “Constitución del Mar”, establece la jurisdicción de las naciones sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que se extienden hasta 200 millas (321 kilómetros) desde tierra firme. Dentro de ese espacio, sólo los Estados pueden administrar y explotar legítimamente los recursos naturales a través de empresas locales o concediendo licencias a agentes extranjeros.
FUENTE: «INFOBAE».
