El aberrante caso intrafamiliar se resolvió mediante un juicio abreviado pleno tras la confesión del acusado. La jueza de Garantías unificó las causas con una condena federal previa y ordenó su inmediato traslado a una cárcel provincial.
En un fallo sin precedentes para la justicia local, un hombre mayor de edad fue condenado a la pena de 28 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallárselo culpable de haber abusado sistemáticamente de sus tres hijas biológicas. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado pleno, una de las herramientas que brinda el nuevo Código de Procedimientos Penales de la provincia.
La investigación penal preparatoria, que se inició el 6 de octubre de 2025, estuvo a cargo del fiscal Ramón Alfredo Muth. Las contundentes pericias médicas, psicológicas y los testimonios presentados por el Ministerio Público Fiscal acorralaron al imputado, quien terminó reconociendo su responsabilidad en los tres hechos de abuso agravado, además de ejercer violencia física sobre una de las menores, de 11 años.
Ante la confesión y el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la Defensoría Oficial y la Asesoría de Menores, la jueza de Garantías, Mirtha Elena Aguirre, convalidó la homologación del acuerdo y dictó la sentencia definitiva.
Según consta en el expediente judicial, el condenado abusó de forma sistemática de las menores aprovechándose de su extrema vulnerabilidad. La hija mayor fue víctima de los abusos desde los 9 hasta los 13 años, mientras que una segunda hermana sufrió los ultrajes desde los 11 años durante el lapso de un año.
Lo más alarmante del caso es que el sujeto ya arrastraba antecedentes y condenas por narcotráfico y microtráfico de drogas. Al momento de cometer los abusos, gozaba del beneficio de prisión domiciliaria, otorgado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes debido a una condición física del imputado. Ese vacío de control le permitió perpetrar los aberrantes ataques dentro del ámbito del hogar.
El caso salió a la luz gracias a la valentía de una tía de las víctimas, quien descubrió el calvario que sufrían las menores y radicó la denuncia penal.
En declaraciones a CABLEINFORMA, la jueza Mirtha Elena Aguirre destacó los alcances del nuevo marco legal de la provincia:
«Esta es una de las nuevas posibilidades que brinda el Código de Procedimientos Penales. Ahora los jueces de garantías también dictamos sentencias condenatorias. Anteriormente, solo podíamos dictar sentencias de hasta 3 años en delitos correccionales».
La magistrada explicó que el acuerdo penal original contemplaba 25 años de prisión, pero la pena total se elevó a 28 años debido a una unificación de condena con una pena previa de 3 años dictada por el Juzgado Federal que se encontraba firme.
Asimismo, Aguirre aclaró cómo el caso llegó a la justicia: «Fue por la denuncia de una tía. Antes, solamente podían denunciar los padres o tutores. Ahora, con la reforma del Código Penal, estos delitos ya no son de instancia privada. Cualquiera que conozca una situación de abuso o maltrato hacia un menor puede y debe denunciar, y la investigación se inicia de oficio».
Tras la lectura del fallo, se dispuso la pérdida inmediata de la prisión domiciliaria del acusado. El sujeto fue trasladado de urgencia a la Comisaría Primera de Bella Vista, donde permanecerá alojado de forma provisoria hasta que la jueza de Ejecución de Condena defina en qué unidad penal de la provincia cumplirá la totalidad de los 28 años de reclusión.
Por otra parte, la tutela, contención psicológica y el bienestar general de las tres niñas quedó bajo el estricto resguardo del Juzgado de Familia y la Asesoría de Menores, a cargo de las doctoras Achitte y Sánchez de Tatarinoff.
«Estos delitos son más comunes de lo que parece para la ciudadanía», reflexionó la jueza Aguirre, concluyendo con un fuerte llamado social: «Todos tenemos que estar alertas en protección a los derechos de la infancia. Es una tarea que nos cabe a todos: ciudadanos, vecinos, docentes y, por supuesto, los órganos del Estado».