El 3 de septiembre de 2019, el dólar en el Banco Nación se conseguía a $59,95 para la compra y a $53,05 para la venta. Pero Ariel Ortmann logró comprar por $5,995 y vender a $530,50 y obtener, al final del día, una ganancia de US$11.800.
La estrategia de Ortmann fue tan simple -y a la vez tan compleja- como correr la coma en la aplicación del banco. Ortmann, un hacker avezado, logró modificar la cotización luego de detectar vulnerabilidades en los sistemas informáticos del Banco Nación.
Primero, Ariel advirtió a las autoridades del Banco Nación por mail. Sin tener respuesta, el 23 de octubre, se presentó en la sede central con toda la evidencia que tenía y el dinero que había hecho. Lo hizo para garantizar la transparencia y dejar en claro que lo único que le interesaba era advertir sobre la facilidad para burlar el sistema de seguridad.
Una semana después, una representante legal del banco denunció a Ortmann. Recién un año más tarde, en diciembre de 2020 fue sobreseído. En su fallo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi escribió que la intención de este hacker ético “no estaba dirigida a causar un perjuicio patrimonial, sino a probar las debilidades del sistema informático”.
“Hoy, cuando la sociedad civil colabora con la ciberseguridad del Estado, recibe una causa penal”, sintetiza Agustín Frizzera director de Democracia en Red. Esta organización se unió con Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A) para crear el proyecto Datos en Fuga. El objetivo es que los “hackers éticos” que descubran vulnerabilidades en el sistema de seguridad del Estado, tal y como lo hizo Ariel, lo puedan denunciar en una plataforma de forma segura y anónima.
FUENTE: TN.