Ocho ministros, más de una decena de funcionarios nacionales y una treintena de horas de exposiciones después, el Frente de Todos se entusiasma con obtener su revancha y aprobar el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados la semana que viene. El adelantamiento de los tiempos parlamentarios responde, en gran medida, al clima armonioso que estuvo reinando entre oficialismo y oposición durante el debate en comisión de las últimas semanas. Más allá de algunas objeciones, Juntos por el Cambio había demostrado predisposición a acompañar el proyecto diseñado por Sergio Massa.
La decisión de adelantar el tratamiento del Presupuesto ya había sido deslizada previamente por el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, pero JxC lo tomó como una afrenta. «No cuenten con el bloque de la Coalición Cívica para sesionar la semana que viene el Presupuesto», aseguró el titular de la CC, Juan Manuel López, quien exigió «un mínimo de una semana para analizar lo que se dictamine». Las críticas se fueron repitiendo, aunque no desde todos los bloques opositores: «Si se llega a un acuerdo, no debería haber problema con sesionar la semana que viene», le quitó importancia un diputado del Interbloque Federal. Para evitar una escalada, Martínez llevó calma y propuso que el jueves, en base al tenor de los pedidos de modificaciones, se definiera cómo avanzar.
Otra de las críticas que surgen de las filas de JxC -principalmente de los «lilitos» y los radicales- tiene que ver con el artículo que propone un blanqueo destinado al pago de importaciones y la compra de inmuebles usados. Ahí el FdT tiene más margen de maniobra porque, en principio, ni el interbloque Federal ni Provincias Unidas se oponen a este artículo, por lo que podría analizar la posibilidad de aprobarlo por separado. Diferente es el caso del pedido de una suerte de «cláusula gatillo» dentro del Presupuesto. Este es un reclamo cada vez más ruidoso de algunes legisladores cambiemitas que pretenden que, de superarse la inflación proyectada del 60 por ciento en el tercer trimestre del 2023, el oficialismo envíe al Congreso un nuevo proyecto con la reasignación de los recursos excedentes gracias al aumento de la recaudación. El objetivo de la medida es quitarle la posibilidad al gobierno de utilizar discrecionalmente los fondos en un año electoral. En el bloque oficialista, sin embargo, aseguran que aún no les acercaron ninguna propuesta. «Nos lo hacen saber a través de los medios», se quejó, molesto, un diputado del FdT.
Otro de los grandes temas de debate refiere a los subsidios al transporte del interior. El reclamo -histórico- de las provincias por la cantidad de dinero que reciben de Nación en comparación con el AMBA se plasmó claramente durante la exposición del ministro Guerrera, a quien le reclamaron que incremente la partida a 100 mil millones de pesos (el Presupuesto original incluye 66 mil millones). «Eso es una función de esta comisión», respondió Guerrera. En efecto, se espera que ese monto termine incrementándose en el dictamen final, ya que el reclamo no responde a ningún bloque específico, sino a todos: tanto JxC como los partidos provinciales y un sector importante del FdT lo están demandando.
El bloque oficialista, entonces, deberá negociar con propios y ajenos para aprobar el Presupuesto. Los reclamos internos son menos ruidosos, pero existen: los movimientos sociales exigen un incremento en las partidas para programas de Educación y de Desarrollo Social, así como también más recursos para la integración sociourbana. Las conversaciones, preliminares, ya comenzaron y se espera que avancen este jueves.
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