Las enormes movilizaciones que se dieron las últimas dos semanas debido al recorte de la cadena de pagos de las prestaciones en discapacidad, destaparon la olla y pusieron en la agenda pública el feroz ajuste, que viene de larga data. Este miércoles en PUNTO DE VISTA, Hernán Gómez, Kinesiólogo y Fisiatra y Marcela, Presidente de Prestadores de la Discapacidad a nivel nacional; dieron su visión al respecto. “Lo que pasa a nivel nacional, se refleja en todas las provincias. Nosotros armamos un colectivo con profesionales y transportistas, tenemos las mismas problemáticas. Tenemos un retraso de 60 días, algunos con incertidumbre y otros de más de 60 días. Comenzaron a pagar algunas obras sociales y otras nos dicen que no recibieron los fondos para hacer las transferencias necesarias”, comentó Gómez en su oportunidad.
“La semana pasada que hicimos un paro, aprovechamos para hacer una asamblea abierta, donde invitamos a funcionarios. Esto era para explicar la problemática a los padres, no solo la falta de pago sino algunas cuestiones que tienen que ver con la atención a la discapacidad”, explicó y agregó respecto al letargo en las solicitudes a las obra sociales. “Son cosas que entran en carácter de urgencia. Hay chicos que necesitan de ciertos aparatos. Piden lo más simple y eso tarda entre 4-5 meses en que se autorice. Hay mucho protocolo y burocracia y una vez que llegan, ya le quedan chicas. Lo más triste es que si un médico que pide terapia, de 3 sesiones semanales; hay casos donde la obra social no autoriza la totalidad sino una parte. Es como un capricho. Nadie va a pedir algo si no lo necesita”, enfatizó el profesional.
Por su parte, Marcela Kriscovich denuncia que la demora en los pagos congela y demora la autorización de cirugías y tratamientos al tiempo que provoca retrasos mayores para conseguir turnos. En algunos casos se llega a tardar meses en conseguir una atención médica. “Primero que el gobierno nacional miente porque no están regularizados los pagos a prestadores. Estuve en el acampe de los 15 días. Dijeron que la situación se normalizó pero en algunas provincias no. Lo bueno es que la superintendencia admitió que hay una falta de pagos. Logramos unirnos todos porque peligran las prestaciones y se vulneran los derechos que plantea la Ley 24.901”, dijo.
“Estamos hablando de deudas históricas, a mí lo que me da que pensar que las obras sociales se quedaron con ese dinero. Hay que ser conscientes de que hay muchas empresas con empleados en negro y todavía no se termina de pagar. ¿Quién nos garantiza que cobraremos lo de julio y en octubre? Imagínense aquellos que no cobran desde marzo, con la inflación que hay. ¿Cómo solventamos nuestros gastos? Somos trabajadores esenciales de la discapacidad”, indicó sobre la urgente necesidad de normalizar la situación, teniendo en cuenta el último dato de la inflación publicado por INDEC en el que establece una cifra del 7% en el mes de agosto.
Por le momento, según expresó, se realizará un amparo legal y si no obtienen respuestas, se movilizarán nuevamente en todo el país el día 19 de septiembre para «no bajar los brazos». “Ningún prestador cortó sus servicios. Es muy importante como familia, exigir que se cumplan los derechos de nuestros hijos. Hay dos leyes y una de ellas se está vulnerando. Nosotros apuntamos al recorte, presentamos un petitorio donde se debe mejorar el área de la discapacidad. ¿Por qué nosotros tenemos que naturalizar esta forma de pago que es perversa? Por eso es importante que nos acompañen. Nosotros queremos un país más inclusivo, no es cambiar de letras en las palabras; es esto”, resaltó la representante.