La situación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios volvió a quedar en el centro del debate nacional. Marcela Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, participó de una Audiencia Informativa en el Congreso de la Nación y expuso las dificultades que atraviesa el sector, con especial énfasis en las demoras en los pagos, la falta de medicamentos y la pérdida de poder adquisitivo de los aranceles. En diálogo con PUNTO DE VISTA, la dirigente sostuvo que, a pesar de los cambios introducidos por el oficialismo en su iniciativa legislativa, persisten interrogantes sobre el financiamiento del sistema y reclamó que las prestaciones puedan sostenerse de manera efectiva. El debate se produjo en un contexto de modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 y de una fuerte discusión parlamentaria en torno a la continuidad de la emergencia en discapacidad.
Kriskovich cuestionó desde el comienzo la decisión de incorporar inicialmente modificaciones vinculadas con la Ley 24.901 dentro del proyecto presupuestario y consideró que cuestiones estructurales del sistema de prestaciones deben ser discutidas mediante una legislación específica. “El querer sacar una ley como es la 24.901 dentro de un presupuesto es una locura y eso se tiene que discutir en otro lado”, sostuvo. La Ley 24.901 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y contempla prestaciones de prevención, asistencia, promoción y protección, mientras que su artículo 7 bis establece un mecanismo de actualización de los aranceles del sistema.
La dirigente también hizo referencia a la emergencia en discapacidad y a la situación económica de los prestadores. Según explicó, los incrementos vinculados con el índice de precios no alcanzan, a su entender, para compensar la pérdida acumulada luego de períodos prolongados sin actualizaciones suficientes. “La verdad que la ley de emergencia de discapacidad se viene cumpliendo nada más que algunos artículos. El aumento según el IPC que se viene dando mes a mes sigue siendo insuficiente porque no llegás a recuperar esa brecha histórica de luego haber tenido un año de no haber tenido aumento”, señaló. En paralelo, reclamó que se regularicen las deudas acumuladas y advirtió que las demoras en los pagos comprometen el funcionamiento cotidiano de centros, consultorios, hogares y otros servicios destinados a personas con discapacidad.
Uno de los principales reclamos planteados por Kriskovich durante la audiencia fue precisamente el retraso en los pagos. La dirigente sostuvo que mientras en algunos casos los prestadores de la provincia de Buenos Aires reciben los pagos con demoras de alrededor de 60 días, en distintas jurisdicciones del interior las esperas pueden superar los 120 días, según su exposición. También cuestionó la situación de las obras sociales que dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud y afirmó que, en determinados casos, los pagos llegan con aproximadamente 90 días de demora. “Se hace muy difícil sostener”, resumió al describir el escenario que atraviesan los profesionales y las instituciones.
A esa problemática sumó la situación de los medicamentos destinados a personas con discapacidad que viven en hogares y residencias. Kriskovich denunció durante su exposición que existen beneficiarios adultos que, según afirmó, no reciben medicamentos a través del programa Incluir Salud desde noviembre del año pasado, y sostuvo que algunas instituciones deben recurrir a la solidaridad para poder cubrir tratamientos. “Los hogares hacen maravillas hoy para sostener este ajuste que sufren en todo sentido”, expresó, enumerando entre las dificultades el atraso de los pagos, la falta de medicamentos y la incertidumbre respecto de la continuidad de las prestaciones.
La participación de Kriskovich en la Audiencia Informativa del Congreso también estuvo marcada por la repercusión que tuvo su exposición. La dirigente contó que tuvo cinco minutos para explicar la situación del sector y que intentó aprovechar ese tiempo para transmitir una problemática que, según consideró, resulta imposible de resumir en ese lapso. “Tenía que en cinco minutos resumir lo que sucede en discapacidad, que es imposible resumirlo en cinco minutos”, relató. Según su testimonio, luego de su intervención varios legisladores se acercaron para expresarle su empatía. La dirigente destacó especialmente haber podido hablar desde su condición de familiar y prestadora, y remarcó que su representación no está vinculada a un partido político.
En ese sentido, Kriskovich aseguró que durante su exposición buscó representar no solamente a Corrientes sino a prestadores y familias de distintas provincias. “Yo vengo luchando hace muchísimo tiempo en representación de todos a través de PDU y fui muy crítica en la gestión anterior y también lo estoy con esta”, afirmó. La dirigente sostuvo que esa posición le permitió, a su entender, hablar desde una perspectiva independiente de las disputas partidarias y transmitir las dificultades específicas que atraviesa el interior del país, donde las demoras y los problemas de acceso pueden adquirir características diferentes de las que se observan en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la entrevista, además, cuestionó expresiones de algunos legisladores respecto de la responsabilidad de las familias de personas con discapacidad. Kriskovich relató su propia experiencia como madre y explicó que, cuando su hijo era pequeño, debió afrontar gastos de traslado, consultas y estadías para acceder a tratamientos mientras esperaba autorizaciones de su obra social. “Yo trabajaba hasta las 11:20 de la noche para pagar el pasaje, para pagar la consulta, para pagar la estadía y me quedaba una semana con mi hijo en Buenos Aires”, recordó. A partir de esa experiencia, sostuvo que las familias realizan esfuerzos permanentes, pero que existe una responsabilidad estatal vinculada con garantizar el acceso a derechos y prestaciones. “Llega un momento que vos necesitás que el Estado nos mire, porque nuestro hijo forma parte de acá de la Argentina”, planteó.
La dirigente también cuestionó la situación de los profesionales que trabajan en el sistema de discapacidad y rechazó la idea de que el reclamo de los prestadores tenga como objetivo simplemente obtener mayores recursos. “El prestador que tiene un centro, que tiene un consultorio, que tiene un transporte en discapacidad no llega ni al 10 de cada mes. Vivimos desfiados”, afirmó. En esa línea, sostuvo que los trabajadores del sector son profesionales universitarios, muchos de ellos con especializaciones y años de experiencia, y que la vocación no puede reemplazar la necesidad de percibir los pagos correspondientes por el trabajo realizado. “La vocación no paga nuestras cuentas”, resumió.
Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con el nomenclador de prestaciones. Kriskovich manifestó su rechazo a cualquier esquema que implique eliminar o desregular el sistema de aranceles sin establecer garantías concretas para la continuidad de las prestaciones. La normativa vigente contempla un sistema de valores comunes y un mecanismo de actualización; de hecho, el artículo 7 bis de la Ley 24.901 dispone actualmente que los aranceles deben actualizarse conforme al índice de movilidad establecido por el Poder Ejecutivo. En el proyecto oficialista que obtuvo dictamen de mayoría este miércoles, la actualización del nomenclador y la universalidad de los aranceles aparecen expresamente contempladas, según informó la propia Cámara de Diputados.
El escenario legislativo experimentó modificaciones durante las últimas jornadas. El oficialismo cambió el enfoque que había quedado plasmado en el proyecto de Presupuesto 2027 y presentó una iniciativa específica que busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente para el sector. El texto consiguió este miércoles 23 de septiembre dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con 42 firmas, mientras que el dictamen de minoría, que propone prorrogar la emergencia vigente, reunió 36 adhesiones.
La propuesta oficialista fue presentada por sus impulsores como una alternativa permanente a la emergencia. Entre otros aspectos, contempla la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, la compatibilidad con determinados niveles de ingresos laborales y la actualización del nomenclador. La propia Cámara de Diputados informó que el proyecto ratifica “la universalidad y homogeneidad de aranceles del nomenclador” y establece su correspondiente actualización.
in embargo, desde sectores vinculados con las personas con discapacidad y los prestadores se mantienen cuestionamientos sobre la implementación concreta y, especialmente, sobre cómo se garantizarán los recursos necesarios para financiar las prestaciones.
Ese es precisamente uno de los puntos que Kriskovich puso bajo la lupa luego de conocerse el nuevo texto. “El proyecto no tiene financiamiento. Dice que el financiamiento se va a discutir en el Presupuesto”, cuestionó en declaraciones posteriores a la emisión del dictamen. La dirigente señaló que el sistema se sostiene mediante distintas fuentes de recursos y que no alcanza con establecer derechos o mecanismos de actualización si no se determina de qué manera se garantizarán los fondos para que esos compromisos puedan cumplirse.
El nuevo dictamen establece además que los pagos a prestadores deberán actualizarse mediante la remisión al artículo 7 bis de la Ley 24.901, que fija la actualización de los aranceles del sistema. También incorpora previsiones relacionadas con las pensiones no contributivas, la cobertura mediante Incluir Salud, las partidas presupuestarias y un cronograma para atender las deudas pendientes con los prestadores, según la información difundida sobre el texto acordado. a iniciativa oficialista, de esta manera, tendrá prioridad en el tratamiento del recinto frente al proyecto de minoría que impulsa la prórroga de la emergencia.
Para Kriskovich, el problema central continúa siendo la distancia entre lo que establecen las normas y lo que efectivamente ocurre en el territorio. “Dicen que tienen un proyecto superador, bueno, hablen, dígannos cuál es el proyecto superador”, reclamó durante la entrevista, al tiempo que pidió conocer con precisión cómo se implementarán las medidas anunciadas. Su planteo apunta a que las discusiones legislativas no queden limitadas al diseño normativo, sino que contemplen la realidad cotidiana de los prestadores y de las familias que dependen de las prestaciones.
La dirigente también se refirió al debate político que se produjo alrededor del tema y pidió que las distintas fuerzas dejen de lado las disputas para concentrarse en las consecuencias concretas que las decisiones legislativas tienen sobre las personas. En ese sentido, mencionó las diferencias públicas expresadas por algunos legisladores respecto del tratamiento de la discapacidad y sostuvo que, más allá de las posiciones partidarias, el tema debería constituir un límite común. “Me parece que tienen que hablarse más, dejar de chicanearse entre ellos y pensar que estamos hablando acá de proyectos de vida que realmente estas cosas que hacen impactan fuertemente en las personas y en las familias”, manifestó.
Hacia el final de la entrevista, Kriskovich sostuvo que la discusión sobre discapacidad adquirió una mayor visibilidad pública durante las últimas semanas y consideró que el Gobierno enfrenta ahora la necesidad de brindar respuestas concretas. También mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y su anunciada presencia en el Cottolengo Don Orione, un acontecimiento que, según la dirigente, contribuirá a mantener la problemática en la agenda pública. La visita al Cottolengo Don Orione de Claypole está prevista para el 9 de noviembre y se producirá en un momento en que el Congreso continúa discutiendo el nuevo régimen para el sector.
El debate, por lo tanto, ingresará ahora en una nueva etapa parlamentaria. El oficialismo logró dictamen de mayoría para su propuesta de régimen permanente, mientras que la oposición consiguió un dictamen de minoría para extender la emergencia. La discusión en el recinto deberá determinar el futuro de ambas iniciativas y, en particular, cómo quedarán establecidos los mecanismos de actualización de las prestaciones, las pensiones, la cobertura y el financiamiento. Mientras tanto, los prestadores continúan reclamando que las deudas acumuladas sean canceladas y que cualquier modificación normativa tenga respaldo presupuestario suficiente para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios destinados a las personas con discapacidad.