ESPIONAJE ILEGAL: EL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES PIDIÓ INTERVENIR EN LA CAUSA DEL ARA SAN JUAN

La causa sobre el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan – que tiene como principal protagonista al expresidente Mauricio Macri– podría llegar en los próximos días a la Corte Suprema. Se debe a que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió intervenir en el expediente como amicus curiae pero dos de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal se lo impiden, por lo que pidió llevar la cuestión ante el máximo tribunal.

El 15 de julio pasado, la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– sobreseyó a Macri y al resto de los imputados –todos exfuncionarios o integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– por la vigilancia ilegal que se habría hecho sobre las familias que buscaban saber qué había pasado con el submarino que se hundió en noviembre de 2017. El fiscal José Agüero Iturbe y las querellas recurrieron esa decisión, por lo que escaló hasta la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que está integrada por Carlos Mahiques –uno de los jueces que viajó a Lago Escondido y participó en el escándalo de los chats del lawfare–, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma.

El 3 de noviembre pasado, el CELS –uno de los organismos de derechos humanos más prestigiosos en la región– se presentó para intervenir en la causa como amicus curiae, es decir, amigo del tribunal o un especialista que aporta elementos a la hora de decidir. Once días más tarde y sin preguntarles al resto de las partes qué opinaban sobre la presentación del CELS, Mahiques y Yacobucci rechazaron su participación. Los abogados de la entidad plantearon un recurso de reposición –que se emplea para que un tribunal reconsidere su posición–, pero la misma dupla volvió a cerrarles la puerta. En todo momento, la jueza Ledesma consideró que el CELS debía ser aceptado como amicus curiae.

La investigación sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño. El juez que llevó adelante la causa, Martín Bava, entendió que la exSIDE espió a las familias durante el tiempo en que el submarino estuvo desaparecido y que esa vigilancia tenía como objetivo anticiparle a Macri cuáles serían los reclamos que iban a formular los parientes en un tema que atraía la atención de la comunidad nacional e internacional.

Pocos días después de que Bava firmó el procesamiento de Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó la causa madre de todas las investigaciones de espionaje que tramitaron en Dolores, la que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. Con el D’Alessiogate viajaron hacia Comodoro Py las causas del ARA San Juan y del Proyecto AMBA. Los tres expedientes quedaron en manos del juez federal Julián Ercolini, en la mira en estos días por haber viajado a Lago Escondido y por haber articulado con otros jueces, funcionarios de la Ciudad, un exintegrante de la SIDE y altos ejecutivos del principal grupo de medios del país una serie de maniobras para que no se conociera que fueron de viaje sin pagar –lo que equivaldría a decir que recibieron dádidas, delito que se investiga en la justicia federal de Bariloche.

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