“¡Macron, toma tu jubilación, no la nuestra!”, rezaba una pancarta en una reciente marcha de protesta. “Metro, trabajo, tumba”, rezaba otra, más existencial. El 7 de febrero, manifestantes salieron a la calle para protestar contra el plan del Presidente Emmanuel Macron de aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La participación no fue tan alta como en las dos jornadas de huelga anteriores, en enero. Pero todos los sindicatos respaldan nuevas huelgas. La mayoría de los partidos de la oposición, y una mayoría de los franceses, también están decididamente en contra de la reforma de las pensiones.
La legislación, que llegó al Parlamento el 6 de febrero, no sólo ha dividido al país, sino que ha provocado un diálogo de sordos. El gobierno afirma que la reforma es “indispensable” si se quiere equilibrar el régimen de pensiones y que Francia conserve sus generosas pensiones, en un momento en que la gente vive casi una década más que en 1980. Los opositores acusan al Gobierno de desmantelar brutalmente los derechos de un Estado del bienestar moderno que tanto ha costado conseguir.
Hasta ahora, el Gobierno centrista de Macron no ha logrado convencer a los franceses de que retrasar la edad de jubilación sea una forma necesaria o justa de cubrir un déficit anual de pensiones que alcanzará los 14.000 millones de euros (15.000 millones de dólares) en 2030. Los críticos de la alianza de izquierdas de la oposición, NUPES, afirman que sería más justo gravar los “superbeneficios”, o sea, a los ricos. Según un informe de Oxfam Francia, un impuesto del 2% sobre los activos de los multimillonarios franceses acabaría de la noche a la mañana con el déficit de las pensiones. Los republicanos de centro-derecha, que en una vida anterior aumentaron la edad de jubilación de 60 a los 62 años actuales, ahora tienen el descaro de insistir en que la versión de Macron es injusta.
Para ello, el Gobierno quiere introducir un “índice senior”, para controlar la proporción de trabajadores mayores en nómina y disuadir a las empresas de despedir a los canosos, como suelen hacer. Para los jóvenes, está ampliando el número de puestos de aprendizaje, que en 2022 alcanzó los 980.000, el nivel más alto jamás registrado. Paralelamente, el Gobierno ha endurecido las normas sobre las prestaciones por desempleo que se aplican durante los periodos de crecimiento económico y escasez de mano de obra. En la actualidad, muchas empresas francesas afirman tener problemas para cubrir vacantes.
Un proyecto así tiene sentido para Francia. Sin embargo, desde la pandemia, muchos países se han replanteado la naturaleza del empleo. Y, en la mentalidad francesa, el progreso hacia una sociedad mejor se mide por la disminución de la carga de trabajo. En 1880, Paul Lafargue, pensador socialista, publicó “Le Droit à la Paresse” (“El derecho a la pereza”), abogando por una jornada laboral de tres horas y denunciando la “locura del amor al trabajo”. Hace dos décadas, “Bonjour Paresse” (“Hola pereza”), una guía para no hacer nada en el trabajo, se convirtió en un éxito de ventas.
La reducción del tiempo de trabajo, concebida en un principio para proteger a los trabajadores de los abusos, se ha convertido en parte de la historia de posguerra del país. En 1982, François Mitterrand redujo la edad de jubilación de 65 a 60 años. Dos décadas más tarde, Francia introdujo la semana laboral de 35 horas. La proporción de franceses que consideran el trabajo “muy importante” pasó del 60% en 1990 a sólo el 24% en 2021. La pandemia ha acelerado este cambio, afirma Romain Bendavid, en un documento para la Fundación Jean-Jaurès, un grupo de reflexión. En 2022, sólo el 40% de los franceses preferirá ganar más y tener menos tiempo libre, frente al 63% de 2008.
FUENTE: “INFOBAE”.
Radio Bella Vista
