Al igual que otros sectores que dependen de la administración pública nacional, las universidades ya comienzan a comunicar sus primeros signos de alerta. El gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para este año y según lo estimado a partir de la inflación de los últimos meses (25,5 por ciento en diciembre y 20 por ciento en enero), las casas de estudio podrán funcionar, con suerte, hasta abril o mayo, ya que a partir de ese momento ya no estarán en condiciones de cumplir con funciones básicas. Tampoco hay muchos avances en materia de paritarias para docentes y trabajadores no docentes. Bajo esta premisa, algunas universidades optan por poner en marcha estrategias de recorte de la oferta académica para reducir gastos, mientras que otras –de manera más rotunda– ponen en duda el inicio del ciclo lectivo.
La UBA, a través de su Consejo Superior, expresó su “extrema preocupación”. Así, por intermedio de una declaración, las autoridades difundieron: “Se solicitará al Gobierno Nacional que disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las partidas vinculadas a paritarias docente y no docente”. La Universidad Nacional de Quilmes, por su parte, va un paso más allá y la semana que viene podría declarar la emergencia económica.
Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se pronunciaron en la misma línea y, a través de un comunicado oficial, difundieron: “El presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, devaluación de las becas, afectación del sistema alimentario, adquisición de insumos para docencia e investigación, programas especiales, entre otras tantas actividades que hacen al quehacer institucional”.
El malestar no es la excepción sino la norma. En declaraciones recientes a Télam, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, manifestó que el presente de la UNR “es muy complejo” y que “será muy difícil llegar más allá del primer semestre”.
Uno de los nudos más sensibles se vincula con la paritaria y el objetivo que tienen las casas de estudio de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. En la última semana, se ofreció un 6 por ciento de incremento para febrero y fue rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales gremios del sector. Desde las agrupaciones comunicaron: «La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero», advirtieron. Y completaron: «Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación».
A diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior en que Educación tenía una cartera exclusiva y rango de ministerio, en el presente, los gremios y las autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional conversan con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y específicamente con Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Ambos funcionarios responden al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
FUENTE: PÁGINA 12.
