El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Mocoretá ordenó que los hoteles y alojamientos de la localidad verifiquen que el ingreso de niños, niñas y adolescentes se realice en compañía de un representante legal. También deben exigir a los adultos la presentación de documentación que acredite el vínculo. «Fue una herramienta a la que recurrimos a los efectos de evitar que se agrave la situación y que se sigan dando casos de esta naturaleza que vulneren derechos de niños y adolescentes. Sin perjuicio de que la causa, está tramitándose en el foro penal los posibles delitos, nosotros como Juzgado Civil nos encargamos de garantizar todos los derechos de estas adolescentes. En la resolución contemplamos que estas adolescentes no estaban yendo al colegio y se les comunicó a los tutores. También advertimos la «fuga» que sucede en casos cuando los adolescentes abandonan su vivienda y estos hoteles recibían a ellos sin control previo», explicó el magistrado Luis Podestá en LA MAÑANA DE LA RADIO.
La decisión la tomó el magistrado Luis Jorge Podestá al intervenir en el caso de dos chicas menores de edad que habrían sido víctimas de violencia en las instalaciones de un hospedaje de esa ciudad. El padre de una de ellas denunció penalmente por varios delitos a la encargada del hotel. Las jóvenes vivían en ese alojamiento y cumplían tareas de limpieza para colaborar con la economía familiar. Debido a que los sucesos habrían ocurrido en un contexto laboral -en el que quien tiene a cargo el hotel aprovechó su posición superior para ejercer violencia-, y dada la verosimilitud de los hechos relatados, la asesora de Menores e Incapaces, Valeria Soledad Fornaroli, pidió protección para ambas. La denuncia se tramitó tanto en el ámbito penal como en el civil.
El juez ordenó a los hoteles y alojamientos controlar que el ingreso de menores se realice en compañía de un representante legal o tutor, a quien deberán exigir que presente la partida de nacimiento o DNI con datos de los progenitores de los menores de edad en el primer caso o resolución judicial, en el segundo. «Es traumático un proceso de fuga, entonces necesitamos que la sociedad colabore para hacer estos controles. De esa manera, tratar de garantizar que los adolescentes vuelvan a su domicilio. Nosotros nos encargamos de resguardad el derecho de dos adolescentes pero también había una chica mayor de edad que incluso audicionó como testigo. Gracias a eso, pudimos abordar la problemática. Estas personas sabían que eran menores de edad, las tareas eran limpieza de las habitaciones e ingreso y egreso de los clientes. Eran tres chicas que manejaban prácticamente el alojamiento y una de ellas, a veces hacía de niñera», señaló.