El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, habló en HACETE CARGO sobre los recientes hechos de inseguridad que involucran a un menor de edad, así también, opinó sobre la imputabilidad de las personas con problemas de salud mental. «Lo que buscamos todos es el castigo y necesitamos como sociedad, saber que esta persona tendrá una sanción. Mientras que sea menor de 16 años, es imposible que atraviese una pena. Es una problemática con una discusión muy fuerte. Las sanciones penales no han sido pensadas para castigo sino para la resociabilización. Este joven si es encerrado ¿será rehabilitado? El debate más profundo es qué hacer con los menores. Si la sanción no se lleva adelante con el proceso de tratamiento, es inútil», manifestó Cubilla Podestá.
En tal sentido, el profesional remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) debe ser abordada desde el ámbito escolar. «La salida es el trabajo interdisciplinario, un plan integral de las personas que se encargan de hacer esto. De nada sirve llevarlo a una cárcel para que salga peor y siga cometiendo delitos. La discusión es el discurso que se genera por la falta de información. En Corrientes no hay instituciones para menores que estén bien valoradas, estamos atravesando una crisis. Basta de la politiquería. El daño provocado no se cura, hay que prevenirlo. Que los docentes expliquen, que haya dispositivos, que haya cuerpos de psicólogos y psiquiatras, es el camino. La ESI es necesaria desde el primer momento para poder detectar abusos, hay que sacarse las caretas», expresó.
Por otro lado, analizó el reciente caso en el que una persona con problemas mentales robó un local comercial en la zona del Barrio Centenario. «Esta problemática tiene dos aspectos: la falta de formación; no cualquier enfermo mental es inimputable. Hay enfermos mentales que deben hacerse responsables de lo que hicieron, no porque yo tengo un CUD puedo hacer lo que quiera. El delito y la salud mental están relacionados pero debe hacerse un control particular. Si es responsable y está en facultades, debe cumplir una pena. Esa es una excusa que usan muchos funcionarios. Debe ser algo suficientemente fuerte que no permita a una persona reconocer lo que hizo. Una persona con discapacidad no puede estar libre en la sociedad si no tiene un responsable», señaló el letrado.