El Comité Provincial de Prevención de la Tortura, realizó un control en las dependencias policiales de la zona y encontró irregularidades en algunas de ellas. Entre las inspeccionadas, se encuentra la Comisaría Primera de Bella Vista donde fue constatada que no se cumplía con los tratados internacionales y que además, hizo caso omiso a una clausura efectuada en 2017. El secretario ejecutivo del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Dr. Jorge Isetta, habló en LA MAÑANA DE VERANO al respecto. “Estamos un poco cansados después de la gira de este lunes donde recorrimos diversas delegaciones y nos encontramos con ingrata sorpresa en la comisaría primera. No sabemos en qué situaciones fue rehabilitado el lugar, puesto que en 2017 ya había sido clausurado por el mismo motivo. Las condiciones edilicias del lugar, eran irregular y no reunían ningún requisito que requieren los tratados internacionales. Esto ya fue tratado y nunca se solucionó. No tienen baño, es un galpón con techo de cinc sin ventilador, el lugar es amplio y no tienen camas, los colchones están en estado de destrucción total. La conexión de agua para higienizarse es precaria, cualquier película de los lugares de detención, seguramente son mejores que los que acabamos de constatar. El comité no tiene la atribución de clausurar pero sí es la facultad del Comisario López”, explicó.
Como órgano del Estado provincial, el Comité tiene la responsabilidad de recomendar a los efectivos a cargo de las dependencias que se haga el ejercicio pleno de los derechos humanos, tomando en cuenta por ejemplo las Reglas de Mandela, que son recomendaciones que Naciones Unidas hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles. “Nosotros estamos trabajando con una división de enlace que nos permite un diálogo más fluido, más allá de la irregularidad con la que uno se encuentra. Nos da mucha bronca que nuestra recomendación anterior no haya sido tenida en cuenta. Además de eso, inspeccionamos las celdas de los procesados y no son las mejores pero tienen más comodidades. También recibimos quejas de ese lugar, por malos tratos, en fin irregularidades que vamos encontrando y buscamos que el Estado que es garante de las personas privadas de libertad acate a los tratados internacionales que es nuestro cometido porque ellos están privados de su libertad, no de sus derechos”, indicó.
Además, detectaron otra irregularidad recurrente: la falta de comunicación con sus familiares o afectos, que distiende los vínculos dentro de las celdas, según expresó Isetta. “Lo importante es volver y volver para que tengan un control, el objetivo de este año del comité es tener un plan estratégico donde se vuelva y se solucionen los problemas. No todo es malo, nos encontramos con dependencias nuevas que cumplen con los requisitos. En Bella Vista hay muchos procesados y siempre nos llama la atención la situación de los contraventores. Otra cosa que detectamos es que a partir de una resolución de 2021, la Jefatura de Policía habilita a la utilización de teléfono sin cámara a las personas privadas de la libertad; esto ayuda descomprimir las tensiones, el estar en contacto permanente con las familias. Hicimos la recomendación de que se cumpla con esa resolución”, resaltó.