En la Argentina funcionan 1.528 institutos de formación docente, según los últimos datos oficiales de 2018. Esa cifra da que cada millón de habitantes hay 34 profesorados; un ratio entre ocho y catorce veces superior al de otros países de la región como Chile y México (4 por millón) o Colombia (2,3 por millón). Con esa realidad, la oposición presentó en las últimas horas un proyecto de ley para regular la creación de nuevos profesorados y evaluar la calidad de los que hoy existen.
La presencia de los profesorados, en especial en provincias del norte, parece no detenerse: cada año se crea un promedio de 25,6 institutos. La fragmentación del sistema trae aparejada una dificultad evidente para unificar estándares mínimos.
El proyecto de Ley de planeamiento estratégico federal, evaluación, acreditación y registro de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) que presentó Maximiliano Ferraro, diputado de Juntos por el Cambio, propone la creación de un ente regulador: la Comisión Nacional de Acreditación y Registro de Institutos Superiores de Formación Docente (CONARFOD), que sería la encargada de homologar planes de estudios y acreditar a los profesorados.
La CONARFOD estaría integrada por un representante de “reconocida trayectoria académica” de cada región del CFE, tres académicos a propuesta del Ministerio de Educación Nacional, dos representantes de la cartera, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Docente más otros dos representantes de la provincia cuyo profesorado sea objeto de acreditación. De esa instancia dependerá que los títulos tengan alcance nacional. Es decir, que un docente recibido pueda dar clase en cualquier escuela del país.
El proyecto de ley pretende que el gobierno nacional recupere centralidad en las políticas públicas de formación docente. Los profesorados, al igual que las escuelas, pertenecen a las provincias, lo cual desde los ‘90 generó una fuerte atomización del sistema. De hecho, dentro de las atribuciones de la CONARFOD estará la evaluación externa de los profesorados; una medida que ya generó polémica en la Ciudad de Buenos Aires cuando se intentó aplicar. Ni hablar de las pruebas Enseñar que se tomaron en 2017 para medir los conocimientos de los futuros docentes y que los propios institutos boicotearon.
FUENTE: «INFOBAE».